Perú: Los fantasmas del pasado de Alan García y el petroleo de la Amazonía

En las últimas semanas, las protestas populares nuevamente reeditan la historia de los movimientos populares en Perú. Lo muestran los hechos violentos que se han dado lugar, en la región amazónica, los reproches de rechazo se posan en los decretos legislativos que abren a aquella región para la inversión privada (petróleo), la población indígena condenó con un levantamiento de repulsa que culminó en tragedia (según cifras oficiales, 24 policías y 10 civiles muertos, y centenares de heridos), se une a esto, las constantes demandas sindicales y manifestaciones públicas de varios sectores de la sociedad civil, (como profesores, transportistas, y grupos de izquierda que piden la convocatoria a una Asamblea constituyente), quienes objetan el aumento de la pobreza, el desempleo y la exigua redistribución de los réditos nacionales en beneficio de la población nacional.
La Administración de Alan García-AG desde su llegada al poder, en 2006, se planteó como retos para la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones democráticas, el mantenimiento de la estabilidad y el crecimiento económico (a través de unas finanzas públicas ordenadas y la disponibilidad de reservas internacionales, el fortalecimiento del Banco Central, la Oficina Fiscal y la Superintendencia de Bancos) y la reducción de la pobreza.

A raíz de los acontecimientos del petróleo, una parte de la opinión vuelve a la carga, con la memoria histórica del lastre que dejó el primer gobierno de AG en los años '80, a pesar de sus tintes populistas, pero, más pronto que tarde condujo al país a un colapso económico sin precedentes (hiperinflación, corrupción, tráfico de influencias, narcotráfico, etc.), que hizo del país un terreno fértil para la incursión de los movimientos guerrilleros, como Sendero Luminoso (maoísta), y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (indigenista), cuyos movimientos se extinguieron con el gobierno de Fujimori quien sucedió a AG, parecía que con aquel, el país había recuperado la estabilidad, el crecimiento económico y la cordura, pero para el pueblo era sólo un espejismo; ya que la semilla de la corrupción política seguía pesando en las espaldas del Gob.

El pueblo exhausto pronto perdió la memoria, y AG nuevamente se alza con la presidencia en 2006, quien dio la impresión de haber asumido una postura más abierta al libre mercado y proclive a las reformas internas, la oposición por su parte, sin líderes nacionales diezmada de capital le facilitó el ascenso al poder. Las promesas fueron agua de borraja para el pueblo; con pocos resultados para la sociedad. Ahora es cuando una parte del pueblo recuerda el primer gobierno de AG, su reputación le persigue como la sombra. Las alusiones hoy le ponen nuevamente en el filo de la navaja y podría ser fuente de futuras inestabilidades políticas, sino atiende pronto a una población famélica que se desbanda camino de la inmigración, AG debía evitar con urgencia que la miseria se apuntale en las clases populares y la inseguridad se adueñe de las calles.

La impopularidad de AG cae, un sondeo de la Universidad Católica, indica que la tasa de aceptación de García ha caído de un 35% al 25%, en los últimos meses. La opinión mayoritaria cree que la tasa de inflación, es mayor que la que señalan las cifras oficiales, otros creen que la corrupción ha minado ya el partido oficial (APRA); se suma a esto, el recuerdo del escándalo petrolero de Rómulo León, quien fue acusado de corrupción cuando ocupó el cargo de Ministro de Agricultura durante el primer gobierno de AG, lo que ha encendido nuevamente la antorcha de los adversarios.

Como es natural, la inestabilidad interna se alimenta de los conflictos sociales, muchos de ellos denunciados por los indígenas y tienen su origen en las actividades de exploración y/o explotación de la minería y los hidrocarburos en zonas protegidas, la expresión de malestar social se adereza por el escaso beneficio directo para el pueblo a pesar del crecimiento económico sostenido durante los últimos años. En el mes de octubre de 2008, según la revista “The Economist”, la Defensoría del Pueblo, se registró 189 conflictos sociales, más del doble de la cifra del año anterior. Por otro lado, la presencia del narcotráfico y la fragmentación política dentro del partido de gobierno (APRA), sin una mayoría en el Congreso, será difícil llevar adelante un programa de consenso que coordine una estrategia de crecimiento, desarrollo y estabilidad para el país. Este panorama, podría poner en peligro los flujos de inversión extranjera directa que Perú venía recibiendo desde la década pasada.
A pesar de los indicadores macroeconómicos favorables que ha registrado el país como la tasa de crecimiento del 9,8% durante 2008, y una inflación de un dígito (una de las más bajas de la región), durante casi la mitad de su quinquenio presidencial, AG ha tenido que reemplazar su gabinete forzado por los escándalos de corrupción, lo que dificulta un restablecimiento de confianza, el recurso de un cambio del recambio puede seguir debilitando su imagen de aquel ante la opinión pública.

AG desde su llegada al poder ha experimentado dos importantes crisis de Gob. El primer Gabinete, a cargo del Ministro Jorge del Castillo fue disuelto luego del escándalo de los Petroaudios, al demostrarse que personajes del partido de Gobierno estaban asociados con hechos de corrupción, con licencias que concedían la exploración petrolera ilegales. El segundo Gabinete, encabezado por Yehude Simon, fue "dinamitado", recientemente por la protesta continua de la población indígena de la selva amazónica contra el paquete de leyes aprobadas según ellos que atentaba contra el medio ambiente y la propiedad de sus tierras. Sobre este último aspecto, el presidente García responsabiliza a los partidos de izquierda y al líder opositor Ollanta Humala (antiguo militar nacionalista, contra quien él se enfrentó en las elecciones presidenciales en 2006) como causantes de los brotes de violencia.

El sector gubernamental acusa, inclusive, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de formar y financiar estos grupos, mientras que Humala acusa al gobierno de tratar de distraer la atención interna de su propia incompetencia. Es probable que los grupos de izquierda estén participando en los hechos de protesta, la mano larga que les da aquel Gobierno es casi evidene (quien aspira a extender su modelo político dentro de la región como una alternativa a las democracias de libre mercado). Aunque los hechos son de naturaleza política, intrínsecos a la realidad compleja que tiene la sociedad peruana, desde el punto de vista étnico-cultural y social, no quita importancia la contundente realidad económica en que se sume la sociedad peruana.

Es posible percibir, que los hechos de violencia local sucedidos en la región amazónica (cierre de caminos, incendio de estaciones de policía, etc.) aunque aislados del contexto del país fueran parte de un complot para intentar minar la democracia o la economía de libre mercado, y una oportunidad de expresión y presión, de los grupos indígenas y ecologistas como un camino más corto para lograr sus metas, en lugar de buscar la vía parlamentaria.

La población peruana, es consciente de la fuerte inversión extranjera que ha habido en el país y la elevación de los precios de las materias primas, así el flujo de ingresos nacionales es creciente, pero, a día de hoy, no se aprecia ninguna reinversión de esos ingresos, para crear nuevas fuentes de trabajo, infraestructura, mejoramiento de la educación y de los servicios sanitarios. Una situación que le pone al país en alto riesgo de caer en manos de un gobierno populista que avanza con paso firme en todo el subcontinente; sólo falta aumentar algunos grados la convulción social, para que éstos se hagan con el poder. Perú, de los pocos países que ha manejado una economía ordenada, no sería justo, que los resultados no los pueda percibir el pueblo, en cambio los hechos de corrupción sigan condenando nuevamente al Gob. M. Reyes

El déficit público español.

Los medios de comunicación se hicieron eco de las palabras del Gob. sobre nuestra posición en el concierto internacional, como que somos la octava potencia económica mundial, que estábamos mejor blindados frente a la crisis que otros, cuando en realidad la cosa iba de Guatemala a guatepeor. Dichos discursos triunfalistas, ciertamente sobrestimados, intentaban tranquilizar, pero, la opinión no creía en aquellas frases, por el contrario, ella creía que eran sugestivos castillos de naipes, y en efecto, vimos como se derrumbaban uno a uno con el leve soplillo de la realidad. La simple ubicación de nuestro país respecto a los países de nuestro entorno nos ilustra. Cotejemos, por ejemplo, las autopistas belgas con las españolas, el estado de bienestar español con el francés (becas, ayudas sociales, ayudas para el alojamiento, transporte, etc.), el sistema de protección social español con el alemán… Podríamos hacer una lista casi interminable que haría tabla rasa liquidando aquel triunfalismo de los que venden humo a diestra y siniestra que pretendendiendo distraer al pueblo.

Sin embargo, aquellos países que disfrutan de unos avances sociales dignos, han tenido que financiarlos de alguna manera, y en economía, el dinero del Estado viene de sus propios ciudadanos, por lo que, las comodidades que aquellos países disfrutan, son pagados a veces a unos precios excesivos para el contribuyente.

Esto es especialmente relevante en un momento como el presente. La crisis actual ha forzado a los diferentes gobiernos a realizar esfuerzos en algunos casos sin precedentes. Las autoridades se han empleado a fondo en mitigar los efectos negativos de la crisis y han creado planes de choque para relanzar las economías. Las actuaciones se pueden clasificar en dos bloques de medidas según el Banco de España. Un tipo serían aquellas destinadas a apuntalar el sistema financiero, y otro las dirigidas a fomentar el gasto, éstas son dos de las características más relevantes de la crisis. España se ha inscrito en esta tendencia de política económica.

Por otro lado, en la zona Euro, la política fiscal es el único instrumento de estabilización que tienen los países bajo su control, lo que ha permitido mitigar, el descenso de la actividad fruto la crisis, aunque dichas medidas hayan afectado poco al paro galopante que enfrenta el país.

Efectivamente, el esfuerzo fiscal en España ha sido mayor que en otros países del entorno, lo que ha dado como resultado una caída menor de la actividad (PIB) que en otros países del entorno. De hecho, la caída del PIB español según los últimos datos publicados ha sido de un 2,9% en el primer trimestre del 2009, comparado con el 6,9% de Alemania, 5,9% del Reino Unido o el 3,2% de Francia. La cruz de este dato, es que el mercado de trabajo español se ha visto mucho más afectado que en otros países, una enfermedad recurrente que arrastrra la economía española.

España estaba obligada a un esfuerzo mayor, dado que no había cumplido antes correctamente sus obligaciones, a pesar de que los síntomas de agotamiento del modelo habían aparecido antes incluso del estallido de la crisis y que la opinión lo venia deunciando con frecuencia. Adicionalmente, nuestra economía es más vulnerable fruto de la escasa diversificación productiva y por ello fue fustigada con mayor virulencia, además, el país estaba en pleno proceso de ajuste inmobiliario (suave, eso sí, pero ajuste al final y al cabo). Por poner un ejemplo, nuestro país ha sufrido una caída de los ingresos extraordinarios que permitió recaudar durante el boom inmobiliario de los años precedentes, otros países han sufrido en menor medida, porque el desarrollo no estaba centrado en el crecimiento inmobiliario. Consecuentemente, el cuadro macroeconómico existente en pleno estallido ha permitido una avalancha de medidas fiscales muchas veces sindicadas de apaños desordenados.

Las medidas de política económica adoptadas han hecho que las cuentas del Estado pasen de un 2% de superávit en el 2007, a un déficit que según las estimaciones del gobierno y el BDE podría llegar a un 10%. Según el BDE, el gobierno ha acabado el margen de maniobra en materia de política fiscal. Y eso que las previsiones señalan que la caída del PIB seguirá durante lo que resta de año, e incluso en el 2010 aunque a una menor tasa, algunos expertos indican que durara algunos años más. Es necesario según el BDE que el gobierno se comprometa (como ya ha hecho en sus objetivos de estabilidad presupuestaria 2010-2012) en un proceso de consolidación fiscal creíble que permita mantener la confianza en la estabilidad presupuestaria a medio plazo.

Pero ¿por qué tenemos tanto miedo al déficit en las economías de los países ricos?

En España este término era desconocido hasta la llegada de la democracia. Nunca se tuvo déficit público anteriormente, porque nunca se tuvo nada importante que financiar. Fue con el advenimiento del "estado de bienestar", y la financiación del mismo que las administraciones públicas españolas empezaron a registrar déficits sucesivos hasta el 2005, donde registró por primera vez un superávit en las cuentas públicas de un 1.0% del PIB.
Tradicionalmente, el déficit fiscal se financia con la emisión de moneda, impuestos o el recurso a la deuda. La emisión de moneda implica el siguiente mecanismo. Imaginemos que tenemos una deuda con un amigo, pero que al mismo tiempo tenemos la capacidad de imprimir unos billetes que son aceptados como medio de pago, esto es monetizando que implica simplemente ir a nuestra impresora, imprimir la cantidad necesaria de billetes y dársela al amigo saldando así la deuda. El Estado tuvo esa capacidad, y en frecuentes ocasiones se ha utilizado hasta la entrada de España en el Euro . El problema de este método es que, genera inflación y merma la capacidad de la política monetaria para alcanzar el objetivo de control de precios.

El significado de esta última frase en clave económica es bien simple. Existe el consenso de que la política monetaria debe centrarse en la consecución de una inflación controlada (el BCE concreta esto en una inflación inferior pero cercana al 2%). Sin embargo, si el déficit es excesivo, es decir si se cree que el Estado no va a poder hacer frente al nivel de deuda acumulada, los agentes esperarán que finalmente se acuda a la monetización, por lo que anticiparán una inflación mayor hoy, minando el poder de la política monetaria para controlar los precios. Es un caso de conflicto entre la política monetaria y la política fiscal, donde el país estaría en un régimen de liderazgo monetario. En una zona como la del Euro, donde existe una política monetaria única, cabía la posibilidad de que hubiera países que actuaran como "free riders", es decir, que actuaran de forma irresponsable en materia fiscal, dado que no serían sólo ellos los que sufrirían los efectos, sino el resto de países que deberían acudir en su ayuda. Para evitar estos decontroles, Alemania propuso (e impuso) un régimen de coordinación de política fiscal que se concretó posteriormente en el pacto por la estabilidad y el crecimiento.

Bien, dado que la monetización del déficit público ha sido desterrada del terreno de la política económica, la siguiente opción de política fiscal es la utilización de impuestos, técnicamente se llama estabilizadores automáticos aquellas figuras de la estructura fiscal (impuestos) que sin necesidad de modificarlos actúan de forma contra cíclica (esto es si la economía crece, los estabilizadores la ralentizarían para no provocar un calentamiento). Por ejemplo el impuesto de sociedades al reducirse el beneficio de las empresas en épocas de crisis, supone un esfuerzo menor para éstas al mitigar el impacto contractivo del impuesto. Igual pasa con el IRPF u otros impuestos indirectos. Los efectos de estos estabilizadores son especialmente importantes en Europa, y por lo tanto en España. Así, si el país está en época de auge, estos instrumentos atemperarán los posibles recalentamientos de la economía, mientras que en épocas de recesión, reducirán su presión sobre los agentes ayudando a la recuperación. Estos estabilizadores actúan independientemente de la actuación del gobierno. En España, se han reducido los ingresos públicos desde el estallido de la crisis de forma preocupante. De hecho esta crisis tiene como característica diferencial según el servicio de estudios del BBVA que ha implicado una caída de los ingresos mayor (4,4 puntos porcentuales del PIB) que crisis anteriores.
La segunda opción en términos impositivos es la modificación de impuestos. Sin embargo, si modificamos los impuestos en función de la posición cíclica de la economía, impedimos el funcionamiento de los estabilizadores anteriormente mencionados. Además, tanto la teoría keynesiana como la neoclásica defienden por diferentes razones, la no modificación de la estructura impositiva ya que, entre otros efectos, podría tener repercusiones negativas sobre la incertidumbre a la que se enfrentan los agentes económicos. Los agentes necesitan un marco impositivo estable que les permita planificar sus actividades económicas independientemente de la actuación del gobierno. Por ello, la discrecionalidad en la modificación de los impuestos directos no suele ser recomendada como veremos más adelante.
Sí es recomendable modificar los impuestos indirectos para poder financiar el déficit necesario en épocas de crisis. Esa es una de las medidas que el gobierno ha tomado en estos días. El problema a la hora de utilizar los impuestos indirectos, es que se pagan, independientemente del nivel de renta, lo que implica que una persona que gana millones al mes, pagará igual que una persona que gana unos cientos de euros. Sin embargo, si lo que se modifica son los impuestos indirectos de tipo "pigouviano", los que gravan aquellos bienes con externalidades negativas (tabaco, energías contaminantes, etc.) los males acarreados son menores. Esto es especialmente importante cuando la actuación de los estabilizadores automáticos no es suficiente y se tiene que acompañar con aumentos de los impuestos.
Por último, dado los efectos perniciosos de las anteriores lo que le queda al gobierno es el recurso a la deuda. En España la creación de un mercado de deuda que permita al estado financiar sus déficit de forma ortodoxa (deuda) es muy reciente. En pocos años (desde principio de los 80 hasta finales de los 90) se ha podido crear una gama de instrumentos de deuda pública adecuada a las necesidades del estado, crear una de una base de demandantes para los valores, se han instaurado procedimientos de emisión de la deuda suficientemente modernos que aseguraran un adecuado grado de competencia y eficiencia y se ha desarrollado un mercado secundario líquido, seguro y eficiente.
El resultado ha sido que el volumen de deuda pública en circulación ha pasado de 87.000 millones de euros en 1987 a 411.000 según el último dato publicado por el Tesoro.
En los últimos años España ha logrado reducir su nivel de deuda de manera vertiginosa. Si en 1996 llegamos al récord de deuda con respecto al PIB, un 56%, en el 2007 dicha cifra se redujo hasta un 36,2% según datos de eurostat (uno de los niveles más bajos de toda la OCDE). Pero este tipo de cifras de nada vale si no se compara con países del entorno, como por ejemplo el 89% de Bélgica, 68% de Francia o el 65% de Alemania. Es decir, teníamos la mitad de déficit público que los países más avanzados de la zona euro.
Es evidente que con el esfuerzo fiscal para el estímulo de la economía, este déficit acabará a final de año inflado lo que podrá tener repercusiones en la calidad de la deuda española. El diferencial con el bono alemán se ha ido reduciendo desde febrero donde alcanzó más de 130 puntos básicos. Los mercados se están calmando, y ahora dicho spread se sitúa en unos 30 pb en la segunda semana de junio.
Pero dado que hemos visto el deterioro de las cuentas públicas en los últimos meses, cabe preguntarse qué tipo de mecanismos tenemos para controlar el incremento del déficit público en España.
En la legislatura del PP se impuso el déficit cero como premisa, lo que fue criticado por economistas e instituciones por poner un corsé innecesario y pernicioso para la economía. Esto es así, porque esta regla de política fiscal no tomaba en cuenta el ciclo, y podía ocurrir que en épocas de crisis, la necesidad de obtener un déficit cero acentuara la recesión en vez de amortiguarla. Se tuvo que modificar dicha ley en el 2006 tomando el principio de equilibro en las cuentas públicas que contenía la anterior legislación, pero adecuándolas al ciclo.
Esto además se inscribe dentro del Pacto por la Estabilidad y Crecimiento (PEC) en el seno de la zona euro que limita la cuantía del déficit público en los países euro.
Este pacto se modificó en el 2004 fruto del desacuerdo entre la Comisión y el Consejo al aplicar las sanciones a Francia y Alemania. Se incluyeron flexibilidad en la aplicación de todas las fases y se dejó cierto margen de discrecionalidad pensando en épocas de crisis. Los países de la eurozona tienen que elaborar unos planes macroeconómicos que son revisados de forma multilateral y donde se tiene que presentar un plan creíble para salir de ciertas situaciones deficitarias permitidas por el Pacto como la actual.
En Junio del 2009 se presentó el Plan de Consolidación fiscal 2010-2012. En él, el gobierno se compromete a reducir el déficit en 2012 a un 3%, lo cual es un objetivo en el mejor de los casos ambicioso ya que implica una reducción de entorno al 30% en tres años consecutivos.
Esto es especialmente relevante ya que con tasas de crecimiento de entre 2,5% y 4% España pudo reducir de un 6,5% en 1997 a un un superávit del 2% en el 2007: 4 puntos y medio en 10 años. El gobierno promete reducir 7 puntos porcentuales en 3 años, algunos de los cuales tendrán tasas de crecimiento negativas según las últimas estimaciones de eurostat. A ello además tenemos que añadir que España sufrirá de un ajuste suplementario al perder unos ingresos extraordinarios que le habían permitido entre otras cosas la reducción del déficit hasta unas cifras de las más exitosas de la zona euro. Esos ingresos no eran otros que los derivados del boom inmobiliario que durante tantos años lubricaron la máquina del crecimiento español. Ese aceite no se cambió, ni complementó ni se buscaron alternativas que sustituyeran al viejo lubricante inmobiliario cuando éste estuviera demasiado usado.
Ahora el gobierno se encuentra en una tesitura un tanto incómoda. Por un lado tiene que seguir yendo de la mano de las políticas keynesianas de gasto, independientemente de las consecuencias económicas, porque ése es el perfume que ha vendido en el Plan de Consolidación Fiscal. Pero por otro lado, no puede dejar que sus cuentas públicas se deterioren a los niveles de los 80 y buena parte de los 90, por las consecuencias negativas en el cuadro macroeconómico del país.
Para acometer esa tarea de consolidación, el gobierno deberá recortar gastos en un momento que además está recibiendo menores ingresos fruto del enfriamiento de la economía. Los estabilizadores automáticos no serán suficientes para compensar ese desfase, y se deberán acometer reformas que reduzcan el gasto en más de cinco puntos según el servicio de estudios del BBVA para poder acometer la proeza de reducir el déficit público a niveles que entren dentro del PEC. Subir impuestos es una opción, pero aparte de que no es una medida muy popular, tiene importantes consecuencias sobre la economía. Según algunos estudios la mayor parte, es decir 88%, de las consolidaciones fiscales que se basan en subida de impuestos han fracasado, mientras que las que se basan en reducción del gasto público, principalmente improductivo, han tenido éxito.
En este equilibrio casi funambulístico se encuentra el gobierno, habiendo prometido dos cosas contradictorias: por un lado más políticas sociales, y por otro una consolidación fiscal que necesitaría un ritmo que solo se puede sostener -siempre según las estimaciones a día de hoy- con una reducción de entre otros, esas mismas políticas sociales.
La única salida es llevar una política económica dirigida a fomentar nuevas actividades de alto valor añadido para poder superar la cojera que le quedará al país tras la crisis inmobiliaria. Una política económica dirigida a promocionar la internacionalización de las empresas españolas, para empujar de una vez por todas la demanda externa que siempre ha sido un lastre para España. Esa nueva forma de ingresos podría en alguna medida suplir la reducción de gastos inmobiliarios, y ahora es el momento de volcarse de una vez por todas en el sector exterior español.
Falta ver si, como se dice en economía, los políticos tienen comportamientos miopes frente a la crisis, o si se pondrán gafas de una vez por todas. Ivan Ayala

La Cumbre del G8

CAFE CON POLITICAS, POR FAVOR...…

Última actualización 16/07/2009@23:14:56 GMT+1
En un mundo que avanza, alterar el diseño de la distribución del poder y la economía en el mundo implica cambios en los grupos de influencia en la medida en que se incorporan nuevos protagonistas. Por esta razón es que los espectadores nos preguntamos cuál será el escenario mundial que nos esperará al día siguiente de que termine la crisis global que estamos viviendo.

Es posible que hayamos presenciado a través de los medios de comunicación la última cumbre de un G-8 que ha dejado sobre la mesa los sedimentos con los que se van a planificar las líneas de la política internacional inmediata: crisis económica, cambio climático, comercio internacional, seguridad alimentaria… Evidentemente se avecinan cambios socio-políticos, ya que entran en escena los países emergentes y las consiguientes modificaciones en las relaciones entre el comercio internacional y el Estado. Los problemas de los que nos estamos resintiendo, especialmente los económicos, ponen en evidencia el abismo entre el esfuerzo de dar sensación de normalidad -con la que todos los gobiernos están revistiendo estos momentos- y los cambios que nos esperan. Las principales figuras de la política internacional están decidiendo el camino por el que va a transcurrir el futuro de miles de millones de personas sin que éstos tomen la palabra. Ante estas transformaciones, siempre será motivo de alarma recapitular toda la información que llega a la opinión pública con cuenta gotas; es el método para que unos pocos puedan estar prevenidos –y preparados para reaccionar ante los desafíos que se avecinan- sobre los cambios futuros, mientras que el resto –más de 6.000.000.000 millones de habitantes en el mundo- estamos en la casi inopia.Quizás estemos esperando que espontáneamente, como si hubiésemos recibido una inspiración celestial, surjan los “buenos paradigmas” que nos señalen el nuevo y “definitivo” orden mundial gracias al cual llegará la estabilidad. Sería una demostración de que somos capaces de superar esta crisis -no sólo económica sino de valores-, si sacamos provecho de la colaboración común entre estados y organizaciones internacionales. La condición para que esta transición se lleve a cabo dentro de un orden -sin que cunda el pánico-, es que se pueda llevar a cabo en el seno de reuniones de organizaciones como el G-4, G-20, G-5, etc…., es decir, siempre y cuando se pueda imponer por la fuerza de la razón y por el principio de la responsabilidad compartida un sistema de convivencia global que cambie las formas sin cambiar el fondo. Es que la decisión que habrá que aceptar no se plantea, porque ningún poder puede dejar en manos de la población la decisión entre el orden y el caos. Este guiño sobre el cambio nos presenta básicamente dos posibilidades de futuro. Una de ellas, -la más dramática e indeseable, y la que más miedo da- es que el fin de la crisis llegue cuando así lo indiquen las masas hastiadas. Es decir, cuando las manifestaciones populares sean tan masivas que nadie pueda controlar el resultado final, cuando por doquier la gente esté tan harta, que se produzca una revolución global –por otra parte inconcebible ya que una revolución no podría convivir con la condena internacional al terrorismo, que es una amenaza innegable y reconocida por el sentido común, pero cuyo reverso tenebroso consiste en que cualquier subversor puede ser acusado de terrorista ya que la opinión pública no es crítica, está educada para aceptar lo que sale en televisión como lo único verdadero y por tanto es dócil-. Esta es la opción menos deseable por los poderes mundiales ya que no les ofrece ninguna de las garantías que les permitirían perpetuarse. Por otra parte, la población del primer mundo -que está instalada en la comodidad-, sin lugar a dudas, requiere a cambio de una garantía de estabilidad el vasallaje general al sistema –el precio del consumismo-. Los países emergentes por su parte, tampoco pueden renunciar a ejercer los mecanismos de funcionamiento de un juego del que quieren ser parte. Desde luego, no es entonces una gran concesión cuando los países del “club G- 8” les incluyen en sus reuniones. Son necesarios para mantener la esperanza de una salida controlada y conveniente porque son parte de un gran mercado. Siempre que se ha presentado una crisis, es útil tener presente el proverbio de “a río revuelto, ganancia de pescadores” porque nos deja en el otro escenario posible. Imaginemos que la pobreza, las miserias, las enfermedades, el miedo, la inestabilidad han sido encauzadas para aceptar las condiciones de un nuevo mundo, no tan distinto del anterior, no tan nuevo.

La ganancia de esta crisis está en consonancia con su expectativa, estamos hablando de una pesca mayor que se traduciría en un gobierno global. Naturalmente en este ambicioso proyecto, los líderes mundiales son las “prima donnas” de la parrilla de salida. Un ejemplo es Sarkozy que, sin presidir un país que esté entre las cinco primeras economías dominantes del mundo, intenta situarse ofreciendo ideas, posturas, pensamientos solventes –como un mundo multipolar y multimonetario-. Otro candidato visible a todas luces, es Obama que está haciendo una campaña de sí mismo de proyección internacional, esto llama particularmente la atención puesto que los estadounidenses suelen protestar cuando un presidente se ocupa tanto de los asuntos internacionales y desatiende los problemas de casa. Ahora que, según la ONU , hay más de mil millones de personas sufriendo hambre por esta crisis, no hay un líder de los desarrapados, siguen sin tener voz a pesar de su número; en realidad las cosas no cambian tanto.

La globalización sumada a la crisis es el caldo perfecto para dejar instalado un gobierno mundial que pone a prueba las costuras de la democracia tradicional. Lo que se está decidiendo está entre trabajar para el sistema y vivir de él, aunque sea bajo un gobierno mundial, o crear una verdadera alternativa que nos acerque a una vida que reconozcamos mejor, y que no se asiente sobre unos pies de barro reforzados con el hormigón armado del dinero y el consumismo. En un mundo que se está fracturando, no por hechos ideológicos, sino por condicionantes económicas y demográficas cuyas consecuencias rebasan los cálculos políticos, parece que hemos presenciado la última reunión de Grupo de los 8. Las amplias sonrisas y apretones de mano de los líderes mundiales durante las conferencias de un G-8 condicionado por la crisis global y por la entrada en la escena internacional de nuevos actores y desafíos, parecen anunciar que disponen de una información que, a ellos, les permite transmitir tranquilidad. Es un fuerte contraste con el peligroso barómetro de la temperatura mundial: la insatisfacción y el descontento; ante ello parece no caber una tercera postura que se dispute la titularidad del nuevo paradigma. No basta con revisar el patrón dólar, parar las subastas extranjeras de millones de hectáreas del “tercer mundo”, comprometerse a ayudar a los países pobres y a respetar el medio ambiente y los recursos naturales, incluir en el club a las economías emergentes, contentar a las poblaciones….. No son remedios, sólo son medidas que apuntalan la crisis para que el mundo tal como lo conocemos no se caiga sobre nuestras cabezas. Los líderes mundiales pueden seguir postergando la decisión, pero éste sigue siendo un momento de grandes decisiones para todos los individuos y de visiones conscientes de líderes preclaros, lástima que no haya material para ninguna de las dos cosas. Fedra Chavez