Hace unos días escuché unas reflexiones de un “gurú” socialista, Felipe González-FG, acerca de la viabilidad del modelo económico existente en los países desarrollados y la posible deterioración del mismo, según criterios expuestos por algunas personas versadas en el asunto.
Las reflexiones de FG se referían, si he entendido bien, a los modelos existentes de épocas precedentes, como el comunismo, los que han demostrado un fracaso y por lo tanto, según él era impensable volver a dichos modelos. Por lo que era necesario, corregir el modelo actual y eliminar todos los aspectos que se han demostrado negativos para el buen funcionamiento del Estado y evitar sucesos como los recientemente vividos en la economía mundial, de los cuales, a la vista de los resultados a día de hoy, nadie asume responsabilidad sobre ellos, tampoco hay responsables políticos, por haber dejado en ruina la economía de los países y haber puesto patas arriba la sociedad induciendo un retroceso económico-social si precedentes, que costará años recuperarse del batacazo, y ya que costó años de sacrificio llegar donde estuvimos. A pesar de conocer esa realidad, los políticos siguen empeñados en hablarnos de estado de bienestar y pleno empleo, para que sigan picando los votantes incrédulos, ¡vaya que si les votan! y así nos va.
En materia de corrupción resulta algo insólito que en un Estado de derecho no haya mecanismos de alerta y reacción temprana para castigar a todo aquel que atentara contra la economía o las instituciones nacionales, con frecuencia, aún a sabiendas que hay indicios de cierta culpabilidad voluntaria o involuntaria, el o los afectado (s) se escudan en el seno de su partido para intentar salvar el pellejo, pero hay de aquel, que cometa un accidente corriente de circulación, incendio, robo, impago, etc. Las leyes se activan de inmediato, casi nunca o tarde cuando la tragedia reviste dimensiones políticas o económica de gran entidad, contra tales negligencias políticas NO HAY CULPABLES, los políticos de turno y la justicia miran a otro lado y titubean en los procesos.
Las leyes que tenemos en esta sociedad de libre mercado, permite que cualquier individuo pueda enriquecerse de la noche a la mañana en nuestras narices, esto es, sino se llevan los cuartos a otros paraísos fiscales, pero, cómo la ley es ciega, le cuesta distinguir o encontrar juicios de valor para llevar a los autores del daño ante los Tribunales que han dejado a miles de personas sin trabajo, sin casa, sin ahorros y empresas que cierran por dichas anomalías. No son culpables acaso, los qué han permitido que se construyan en España cientos de miles de edificios, y viviendas con/sin licencias facilitando levantar construcciones a diestra y siniestra incluso derogando las leyes que gobiernan el equilibrio medioambiental de grandes extensiones de terreno, lo peor, algunas de esas infraestructuras no han podido ni siquiera ser entregadas por carecer de otros permisos o servicios básicos (Paco el Pocero,………). ¿Quién va a denunciar a esos empresarios que edificaron sin los permisos necesarios?, a lo mejor los que han permitido construir ?.
Aquellos cientos de miles de viviendas legalizadas por los ayuntamientos han producido millones de euros de pérdidas asumidas ahora por las entidades crediticias (Cajas de ahorro), que a su vez se ha tenido que financiar con los fondos de todos los ciudadanos, y ahora se enfrentan al dilema de cómo subsistir, supongo que otra vez con el Gob., para que no desaparezcan seguirá bombeando dinero a dichas instituciones o recomendando fusiones de muchas de ellas, porque son las cajas donde los señoritos llenan sus carteras. ¿Esto no es motivo de depuración de responsabilidades? ¿Esto no forma parte de la quiebra económica en la que estamos inmersos? ¿No fueron los alcaldes y concejales de los distintos partidos los que permitieron el levantamiento de estos edificios? ¿No hay responsabilidad alguna por parte de las autoridades de las respectivas comunidades autónomas? Pues parece que no ¡esto es lo que hay, como las lentejas!.
Todo conduce al mismo punto: DEBEMOS EXIGIR A NUESTROS POLITICOS HONRADEZ, TRANSPARENCIA Y UN CODIGO ETICO CLARO Y SOBRE TODO QUE SE CUMPLA.
En esos últimos años hemos llegado a situaciones de vergüenza donde unos líderes políticos de altos vuelos están imputados por corrupción ante la magistratura y sin embargo, los responsables del partido manifiesten dudas sobre las acusaciones y los blindan a estos honorables con la coraza del partido. En el fondo está sin duda, la conveniencia o no del reconocimiento del hecho delictivo por parte del imputado. Pero con esa actitud, se le pone al partido en una situación muy delicada, porque siembra más duda de lo que realmente puede haber, ya que el ciudadano común piensa que se intenta ocultar, proteger, o disimular un dolo de mayores proporciones. De otro lado, el silencio como remedio resulta ser peor que la enfermedad. No cabe duda que semejante conducta es un error de estrategia, por el daño que hace a la imagen del partido, quién paga por esto?, para mi seguro aquellos zombis que sólo son capaces de ver los árboles sin llegar a reparar lo que pasa con el bosque, este comportamiento pone en entredicho, la capacidad de algunos dirigentes, porque arrastran al abismo no sólo, a los dirigentes honestos sino al partido en su conjunto, por dejar que se siga tejiendo una densa especulación sobre el tema. Otra cosa sería evitar a tiempo cualquier conjetura que ahora mismo pesa como un plomo sobre las espaldas del partido. Todavía sería tiempo para reconducir sin miedos la situación, pero para ello, urge apartar al imputado del partido aunque sea temporalmente mientras el proceso se aclara, con esto, las consecuencias políticas y legales podrían constituir un daño menor para el partido. Pero, si es, el propio partido, quien le impide hablar ante la Justicia al imputado obstaculizando su libre defensa y su honorabilidad anteponiendo los intereses del partido, esto sería todavía más grave, porque se estaría amputando la honra del político ahora imputado.
duda, que el hecho de estar imputado da elementos de juicio para pensar que hay culpabilidad, y ahí los códigos éticos son altamente cuestionados, porque se pone en duda la honradez política de una pieza clave del partido. Por otra parte, lo que exigimos a los ciudadanos que cumplen una función pública de relevancia, es su lealtad con el país y con su partido, y eso empieza por dejar su puesto, antes que sea echado por la propia Justicia. La Justicia no debiera estar obligada a intervenir, en primera persona, en estas causas, los propios políticos y su partido deberían tener la honestidad de tratar friamente como marca ejemplar de buen gobierno y son ellos los que debieran poner límites claros de la actuación de cualquiera de sus miembros. Si esta regla no se cumple, llegará el día en que los ciudadanos dejemos de creer en la necesidad de tener una clase política que nos represente, aunque así, se esté reconociendo como un mal menor los gobiernos autoritarios, por duro que parezca, pero hay mucha gente que piensa así, viendo el grado de deterioro al que ha llegado la sociedad y el país, por la conducta de malos gobiernos, que da para decir !basta ya!.
Estos sucesos que desgraciadamente se producen a diario en cualquier color político, incluso hemos visto en los sindicatos, y nuestro entorno parlamentario (Galeote, Chávez, por equilibrar la partida), lo que demuestra la necesidad de exigir a nuestros políticos que asuman con valentía tanto sus errores de conducta personal como sus errores políticos propios, de manera que, el ciudadano común crea, que sus representantes también están sujetos a la ley como los demás o más que los demás y su conducta es intachable sujeto incluso a la prueba del pañuelo.
Aunque aparentemente cualquier caso de corrupción entre las personas en cargos públicos no tengan nada que ver con la corrupción política existente en nuestro país, considero que hay una conexión indudable entre ellos, pues es difícil exigir un comportamiento digno a un miembro de tu propio partido con un puesto de inferior nivel al tuyo o a un funcionario público con cierta dependencia de tu propio puesto, cuando estos cargos conocen y tratan asuntos diariamente contigo y saben perfectamente en las aguas que te mueves y conocen cuáles son las prioridades a cumplir dentro del grupo de poder.
Es de anotar el corporativismo creciente que se observa en todos los campos donde empleados públicos ejercen funciones en la justicia, salud y cualquier otra actividad propia de personas con puestos relevantes en nuestra sociedad y con dedicación al sector público. Si los propios líderes políticos enfrentan continuos escándalos y no se producen dimisiones, ni ceses, ni cualquier manifestación que ponga coto a sus “affaires delictivos”, sería imposible que funcionarios públicos acusados de incumplimiento en sus funciones, sean amonestados con sanciones ejemplares para el resto de sus compañeros de su propio cuerpo o especialidad. Sin embargo, nos encontramos frente a unos hechos que sancionan a cargos públicos de manera ridícula y simbólica que la sociedad rechaza porque es otra demostración del grado de corporativismo existente en dichos cuerpos, este es el camino que conduce a la perpetua impunidad de los transgresores a la ley, quienes viven en un mar de facilidades preocupados en saber "y de lo mío qué..?".
El camino que presenta nuestra joven democracia es bastante oscuro sujeto a un poder omnipotente que parte de los barones políticos que hacen impracticable lo que ellos mismos consideran como democracia en su partido, no es desde luego de un Estado de derecho ni del pueblo, se aprovechan de forma desmedida del poder legítimo que le ha otorgado el pueblo y abusan continuamente de el, en el juego exclusivo de cuidar sus intereses materiales.
Las reflexiones de FG se referían, si he entendido bien, a los modelos existentes de épocas precedentes, como el comunismo, los que han demostrado un fracaso y por lo tanto, según él era impensable volver a dichos modelos. Por lo que era necesario, corregir el modelo actual y eliminar todos los aspectos que se han demostrado negativos para el buen funcionamiento del Estado y evitar sucesos como los recientemente vividos en la economía mundial, de los cuales, a la vista de los resultados a día de hoy, nadie asume responsabilidad sobre ellos, tampoco hay responsables políticos, por haber dejado en ruina la economía de los países y haber puesto patas arriba la sociedad induciendo un retroceso económico-social si precedentes, que costará años recuperarse del batacazo, y ya que costó años de sacrificio llegar donde estuvimos. A pesar de conocer esa realidad, los políticos siguen empeñados en hablarnos de estado de bienestar y pleno empleo, para que sigan picando los votantes incrédulos, ¡vaya que si les votan! y así nos va.
En materia de corrupción resulta algo insólito que en un Estado de derecho no haya mecanismos de alerta y reacción temprana para castigar a todo aquel que atentara contra la economía o las instituciones nacionales, con frecuencia, aún a sabiendas que hay indicios de cierta culpabilidad voluntaria o involuntaria, el o los afectado (s) se escudan en el seno de su partido para intentar salvar el pellejo, pero hay de aquel, que cometa un accidente corriente de circulación, incendio, robo, impago, etc. Las leyes se activan de inmediato, casi nunca o tarde cuando la tragedia reviste dimensiones políticas o económica de gran entidad, contra tales negligencias políticas NO HAY CULPABLES, los políticos de turno y la justicia miran a otro lado y titubean en los procesos.
Las leyes que tenemos en esta sociedad de libre mercado, permite que cualquier individuo pueda enriquecerse de la noche a la mañana en nuestras narices, esto es, sino se llevan los cuartos a otros paraísos fiscales, pero, cómo la ley es ciega, le cuesta distinguir o encontrar juicios de valor para llevar a los autores del daño ante los Tribunales que han dejado a miles de personas sin trabajo, sin casa, sin ahorros y empresas que cierran por dichas anomalías. No son culpables acaso, los qué han permitido que se construyan en España cientos de miles de edificios, y viviendas con/sin licencias facilitando levantar construcciones a diestra y siniestra incluso derogando las leyes que gobiernan el equilibrio medioambiental de grandes extensiones de terreno, lo peor, algunas de esas infraestructuras no han podido ni siquiera ser entregadas por carecer de otros permisos o servicios básicos (Paco el Pocero,………). ¿Quién va a denunciar a esos empresarios que edificaron sin los permisos necesarios?, a lo mejor los que han permitido construir ?.
Aquellos cientos de miles de viviendas legalizadas por los ayuntamientos han producido millones de euros de pérdidas asumidas ahora por las entidades crediticias (Cajas de ahorro), que a su vez se ha tenido que financiar con los fondos de todos los ciudadanos, y ahora se enfrentan al dilema de cómo subsistir, supongo que otra vez con el Gob., para que no desaparezcan seguirá bombeando dinero a dichas instituciones o recomendando fusiones de muchas de ellas, porque son las cajas donde los señoritos llenan sus carteras. ¿Esto no es motivo de depuración de responsabilidades? ¿Esto no forma parte de la quiebra económica en la que estamos inmersos? ¿No fueron los alcaldes y concejales de los distintos partidos los que permitieron el levantamiento de estos edificios? ¿No hay responsabilidad alguna por parte de las autoridades de las respectivas comunidades autónomas? Pues parece que no ¡esto es lo que hay, como las lentejas!.
Todo conduce al mismo punto: DEBEMOS EXIGIR A NUESTROS POLITICOS HONRADEZ, TRANSPARENCIA Y UN CODIGO ETICO CLARO Y SOBRE TODO QUE SE CUMPLA.
En esos últimos años hemos llegado a situaciones de vergüenza donde unos líderes políticos de altos vuelos están imputados por corrupción ante la magistratura y sin embargo, los responsables del partido manifiesten dudas sobre las acusaciones y los blindan a estos honorables con la coraza del partido. En el fondo está sin duda, la conveniencia o no del reconocimiento del hecho delictivo por parte del imputado. Pero con esa actitud, se le pone al partido en una situación muy delicada, porque siembra más duda de lo que realmente puede haber, ya que el ciudadano común piensa que se intenta ocultar, proteger, o disimular un dolo de mayores proporciones. De otro lado, el silencio como remedio resulta ser peor que la enfermedad. No cabe duda que semejante conducta es un error de estrategia, por el daño que hace a la imagen del partido, quién paga por esto?, para mi seguro aquellos zombis que sólo son capaces de ver los árboles sin llegar a reparar lo que pasa con el bosque, este comportamiento pone en entredicho, la capacidad de algunos dirigentes, porque arrastran al abismo no sólo, a los dirigentes honestos sino al partido en su conjunto, por dejar que se siga tejiendo una densa especulación sobre el tema. Otra cosa sería evitar a tiempo cualquier conjetura que ahora mismo pesa como un plomo sobre las espaldas del partido. Todavía sería tiempo para reconducir sin miedos la situación, pero para ello, urge apartar al imputado del partido aunque sea temporalmente mientras el proceso se aclara, con esto, las consecuencias políticas y legales podrían constituir un daño menor para el partido. Pero, si es, el propio partido, quien le impide hablar ante la Justicia al imputado obstaculizando su libre defensa y su honorabilidad anteponiendo los intereses del partido, esto sería todavía más grave, porque se estaría amputando la honra del político ahora imputado.
duda, que el hecho de estar imputado da elementos de juicio para pensar que hay culpabilidad, y ahí los códigos éticos son altamente cuestionados, porque se pone en duda la honradez política de una pieza clave del partido. Por otra parte, lo que exigimos a los ciudadanos que cumplen una función pública de relevancia, es su lealtad con el país y con su partido, y eso empieza por dejar su puesto, antes que sea echado por la propia Justicia. La Justicia no debiera estar obligada a intervenir, en primera persona, en estas causas, los propios políticos y su partido deberían tener la honestidad de tratar friamente como marca ejemplar de buen gobierno y son ellos los que debieran poner límites claros de la actuación de cualquiera de sus miembros. Si esta regla no se cumple, llegará el día en que los ciudadanos dejemos de creer en la necesidad de tener una clase política que nos represente, aunque así, se esté reconociendo como un mal menor los gobiernos autoritarios, por duro que parezca, pero hay mucha gente que piensa así, viendo el grado de deterioro al que ha llegado la sociedad y el país, por la conducta de malos gobiernos, que da para decir !basta ya!.
Estos sucesos que desgraciadamente se producen a diario en cualquier color político, incluso hemos visto en los sindicatos, y nuestro entorno parlamentario (Galeote, Chávez, por equilibrar la partida), lo que demuestra la necesidad de exigir a nuestros políticos que asuman con valentía tanto sus errores de conducta personal como sus errores políticos propios, de manera que, el ciudadano común crea, que sus representantes también están sujetos a la ley como los demás o más que los demás y su conducta es intachable sujeto incluso a la prueba del pañuelo.
Aunque aparentemente cualquier caso de corrupción entre las personas en cargos públicos no tengan nada que ver con la corrupción política existente en nuestro país, considero que hay una conexión indudable entre ellos, pues es difícil exigir un comportamiento digno a un miembro de tu propio partido con un puesto de inferior nivel al tuyo o a un funcionario público con cierta dependencia de tu propio puesto, cuando estos cargos conocen y tratan asuntos diariamente contigo y saben perfectamente en las aguas que te mueves y conocen cuáles son las prioridades a cumplir dentro del grupo de poder.
Es de anotar el corporativismo creciente que se observa en todos los campos donde empleados públicos ejercen funciones en la justicia, salud y cualquier otra actividad propia de personas con puestos relevantes en nuestra sociedad y con dedicación al sector público. Si los propios líderes políticos enfrentan continuos escándalos y no se producen dimisiones, ni ceses, ni cualquier manifestación que ponga coto a sus “affaires delictivos”, sería imposible que funcionarios públicos acusados de incumplimiento en sus funciones, sean amonestados con sanciones ejemplares para el resto de sus compañeros de su propio cuerpo o especialidad. Sin embargo, nos encontramos frente a unos hechos que sancionan a cargos públicos de manera ridícula y simbólica que la sociedad rechaza porque es otra demostración del grado de corporativismo existente en dichos cuerpos, este es el camino que conduce a la perpetua impunidad de los transgresores a la ley, quienes viven en un mar de facilidades preocupados en saber "y de lo mío qué..?".
El camino que presenta nuestra joven democracia es bastante oscuro sujeto a un poder omnipotente que parte de los barones políticos que hacen impracticable lo que ellos mismos consideran como democracia en su partido, no es desde luego de un Estado de derecho ni del pueblo, se aprovechan de forma desmedida del poder legítimo que le ha otorgado el pueblo y abusan continuamente de el, en el juego exclusivo de cuidar sus intereses materiales.
Es necesario que los ciudadanos demos un ejemplo de democracia a nuestros representantes políticos a través de la creación de una plataforma de TOLERANCIA CERO A LA CORRUPCION POLITICA o cualquier otra que cumpla los mismos objetivos y en la que se ponga de manifiesto que el voto otorgado a nuestros representantes políticos no es gratuito, pero sí está condicionado a su CONDUCTA, ETICA, HONORABILIDAD y TRANSPARENCIA, SACRIFICIO durante todo el tiempo que dure su mandato. Basta ya de una interpretación de democracia definida por los partidos, el ciudadano deposita su confianza entregándole su voto para que el político administre mejorando los servicios en beneficio de la comunidad, no para favorecer sus intereses; es lo menos que puede exigir el ciudadano que entrega su voto de confianza. La sociedad debe disponer de medios y mecanismos para exigir al político que durante su mandato cumpla el compromiso, de lo contraio lo pueda revocar. Es evidente que esto no es el caso, aunque la Justicia intervenga en los casos de corrupción, la sociedad debía participar en el juicio de responsabilidades de su representante en coordinación con el partido correspondiente. De esta manera evitaríamos, que la Justicia sola tenga que lidiar la situación o el propio partido, éste último debería aislar al individuo, cuando hay inidcions de un señalamiento de falta grave, esto es lo que entendemos como alerta temprana, poner en cuarentena a aquel miembro que muestre actitudes poco dignas e incompatibles con su condición política. Aplicando la regla ETICA acabaríamos con las dudas de culpabilidad sí o no entre miembros de una formación política, cuando son imputados por causas de corrupción, al que creo está sujeto cualquier miembro de una formación política. La Justicia actuaría sólo cuando vea que es insuficiente el castigo de apartarlo de su condición política. Eugenio Aguirre.
