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lunes, 20 de julio de 2009

La inmoralidad política

"Pertenezco por convicción y talante a esa mayoría de ciudadanos que desean hablar un lenguaje moderado, de concordia y conciliación”. palabras del discurso hecho por Adolfo Suárez el 7 de junio de 1976 durante la toma de posesión de la Presidencia de Gobierno.Evoco aquellas palabras de Suárez, quien pretendía conciliar los males que aquejaron en el pasado y que podían pesar todavía en la conciencia ciudadana del presente, aquel político recomendaba también la participación activa del pueblo, al tiempo que pedía a los políticos un comportamiento mesurado para superar las diferencias y recorrer sosegada y ordenadamente los vericuetos de la democracia que ansiaban los españoles.
Aunque ha corrido mucha agua del tiempo del discurso y las circunstancias actuales, no por ello, sus palabras dejan de tener vigencia, lo mismo que el tenor de sus ideas, puesto que, cada día se aprecia en el país cierta convulsión social, política y económica que se reproduce cada vez que se intenta limar las desigualdades (regionales, económicas, de género, culturales, ligüísticas, etc.). En los últimos años hemos pasado del modelo de concordia del ‘76, donde todas las fuerzas políticas renunciaron a sus exigencias para llegar al consenso Constitucional que iluminó la democracia. No obstante, es notable el grado de “entropía social” que emerge del poder de las nuevas Autonomías y el tratamiento que da el Gob. a la igualdad en todos sus extremos, cuyo resultado está dando lugar a otras diferencias que intranquilizan a la sociedad. Un fenómeno que se observa, tanto en las fuerzas políticas mal llamadas de izquierdas como en las aún peor calificadas de derechas, en efecto, la práctica política, ha hecho tabla raza de los conceptos ideológicos en boga en el pasado, como el, comunismo, el marxismo, el anarquismo, el nacional socialismo, etc. cuyas ideologías la democracia y el mercado han convertido, en idearios obsoletos como formas para gobernar un Estado.
Hay una gran diferencia entre la política desarrollada en 1976 y la que obra en el presente, con la ayuda de la nueva generación de políticos, muchos de ellos, improvisados o preparados para un “tête-à-tête” contra atacar las opiniones del adversario político con un discurso simplón, exento de cualquier planteamiento serio, o iniciativas que revistan programas y propuestas para sacar nuestro país del estado bien encallado que está y cambiar el rumbo del desarrollo. Por el contrario, los políticos se mueven en refriegas corrientes y ordinarias, sin una magra propuesta de entidad como merecería un Estado para abordar sus problemas esenciales, el discurso sólo convence a su propia clientela y sus acólitos, mientras tanto, la crisis económica sigue avasallando a grandes masas de humildes españoles, donde los profesionales huyen de su país para buscar trabajo, esta nueva versión de patera, no hace más que dañar la imagen del país comprometiendo su futuro por la fuga de cerebros que supone.
En 1976 se pretendía hacer un país democráticamente ordenado, se concentró los esfuerzos y la buena voluntad, renunciando incluso a todo aquello que fuera motivo de división y separación, con tal de alcanzar un acuerdo que permitiese la construcción de un Estado nacional. Hoy en día aquel consenso se ha quebrado, el desarrollo de las Autonomías representa el mayor peso para la cohesión del país, algunas de éstas aventajadas por el apoyo del Gob. Después de haber recibido grandes competencias, hoy piden independencia y actúan en muchos casos como si ya lo fueran.
Por otro lado, nadie duda que nuestra democracia está tocada, los partidos son los primeros en condenarla, para llevar adelante sus objetivos se penaliza incluso a los que discrepan del rumbo del Gob. , al extremo de extirpar de su seno a los que no acuerdan con la nomenclatura impuesta por el jefe del partido (PSOE –Rosa Diez). Se exige disciplina de voto y de opinión dentro y fuera del partido, un método que aplican a raja tabla la nueva ola de iluminados políticos que anteponen sus intereses personales antes que la del partido o del país. Con esto se consigue dos grandes males: a) El parlamentario responde al líder antes que al partido, o a su conciencia o a sus principios. b) Las votaciones en la Cámara de Diputados para aprobar determinadas leyes, la dirección del partido acuerda previamente con otras organizaciones políticas buscando asociaciones y apoyos inverosímiles en asuntos que nada tienen que ver con la votación. Es entonces cuando se recurre a la disciplina del voto para callar las conciencias. Por otra parte, la aplicación de la norma de votación abierta, con el nombre de cada votante para que se pronuncie a favor, en contra o se abstenga de votar, es antidemocrática, porque controla el voto del votante, limitando la libertad de expresión parlamentaria. Así se forman las mayorías que legitiman las leyes más extravagantes que hemos tenido en estos últimos años (ley del aborto, educación, género, matrimonios Gay, divorcios, Estatutos Autonómicos, etc.).
Si las votaciones fuesen secretas y sólo se escrutase el número de votos para aprobar o no una ley sometida al debate parlamentario, la cosa sería muy diferente porque la democracia por si sola pondría los filtros necesarios que nos da el sentido común, y los políticos votarían con responsabilidad y conciencia acercándose al interés general del ciudadano y del país, porque el político y el partido, no siempre llevan la razón, y menos cuando los dirigentes muestran consecutivamente dudosas capacidades para gobernar el país en beneficio del conjunto de los ciudadanos.Por otra parte, el sistema político está pensado y estructurado para hacer que los grandes partidos sean los únicos beneficiarios, lo malo viene, cuando éstos han perdido el norte nacional, sólo les preocupa n cómo retener el voto para alcanzar el objetivo, seguir gobernando al precio que sea. Para romper las diferencias, escarban el voto en los recónditos sectores de la población, que reivindican circunstancias particulares y menos el conjunto del país, ente ellos, unos reivindican prohibirlo todo (los verdes), otros permitirlo todo (colectivos gay), otros igualarlo todo (género), la paradoja se da cuendo estos grupos acaban finalmente imponiendo sus razones y sus métodos, donde la opinión mayoritaria viene a ser algo marginal, cuenta poco el voto como una carga moral, como una misión para cumplir sus expectativas de bienestar, de crecimiento y de calidad de vida de la sociedad.

Para evitar aquellos despropósitos, y velar por los intereses nacionales sería deseable introducir reformas en el sistema de votación, estos cambios permitirían activar nuestra democracia que adormece en el seno de los partidos, en las Cámaras autonómicas y nacional. De la misma manera, la democracia debe extenderse a la ley electoral y al sistema de votación nacional, no es comprensible que el gobierno recaiga casi siempre en uno de los dos únicos partidos, impidiendo el desarrollo y la incorporación de nuevos partidos a la política nacional, para dar un nuevo enfoque y visión del país.
Sin embargo, el ciudadano tiene la obligación moral de evitar que los partidos consigan su voto sin compromiso alguno por su parte. El ciudadano debe exigir a sus representantes políticos que la acción de gobernar lleva emparejada una serie de obligaciones, como el cumplimiento de los conceptos básicos que todo cargo público debería observar: TRANSPARENCIA, HONORABILIDAD Y ETICA EN TODAS SUS ACTUACIONES y sacrificio personal. Estos valores se han perdido, en su lugar la corrupción campea desbocado, vivimos inmersos en continuas disputas judiciales y denuncias. Si existiese un código de conducta que exigiese a todo el arco político un cumplimiento estricto de las normas contenidas en ese código, las intervenciones judiciales se limitarían a la persecución de todos aquellos “pseudo delincuentes” que estarían ya expulsados de sus correspondientes partidos y sobre los que actuaría la ley si fuera necesario.
No dudo que haya un compromiso moral entre algunos políticos para desarrollar su actividad de forma clara, transparente y cumpliendo en todo momento un código ético en su conducta. El problema es, que no hay leyes que lo impidan dentro y fuera del partido. A diario vemos como líderes políticos de todos los partidos son imputados por delitos de corrupción, cohecho, malversación de fondos, etc. Y no pasa nada. Si se cumpliese dicho código, ya habrían sido expulsados del partido muchos de ellos, impidiendo que la mano de la política sea cada vez más larga. A pesar de ello, el partido tiene una obligación ante la ciudadanía de dar seguridad y transparencia de sus actos. Lo que ocurre en el país es grave, y no existe ninguna actuación seria de parte de nuestros representantes. Solo se oyen débiles argumentos para negar las acusaciones de irregularidad, muchas de ellas producidas casualmente o por iniciativa del partido contrario, lo que está claro es, que hay poco interés para quitar de raíz esta lacra en la que están metidos los políticos desde hace bastantes años. No poner coto a estos hechos desprestigia a toda la clase política, y el país por entero paga las consecuencias, no debemos olvidar que este tipo de corrupción da origen a otros más comunes, que se escudan en el ejemplo de los padres de la patria.
Debemos insistir que es el momento de crear una PLATAFORMA DE TOLERANCIA CERO A LA CORRUPCION POLITICA, el ciudadano debe tomar las calles para combatir a los mal hechores con medios legales, debemos proyectar el eco de la inmoralidad política en toda la sociedad recogiendo firmas para EXIGIR a las formaciones políticas que creen “un Comité de Disciplina Permanente” en el PARLAMENTO, encargado de supervisar las denuncias sobre actuaciones contra la ETICA POLITICA de los parlamentarios y OFICINAS DE DENUNCIA POLITICA en cada ayuntamiento de toda la geografía nacional. La composición del Comité de Disciplina debería estar formada por ciudadanos de toda solvencia moral, ajena a los partidos políticos y por lo tanto fuera de su “poder fáctico”, y sobre todo con autoridad legal para apartar o recomendar “públicamente” el alejamiento de su actividad política a todos aquellos miembros que sean condenados por dicho Comité. Eugenio Aguirre.

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