En las últimas semanas, las protestas populares nuevamente reeditan la historia de los movimientos populares en Perú. Lo muestran los hechos violentos que se han dado lugar, en la región amazónica, los reproches de rechazo se posan en los decretos legislativos que abren a aquella región para la inversión privada (petróleo), la población indígena condenó con un levantamiento de repulsa que culminó en tragedia (según cifras oficiales, 24 policías y 10 civiles muertos, y centenares de heridos), se une a esto, las constantes demandas sindicales y manifestaciones públicas de varios sectores de la sociedad civil, (como profesores, transportistas, y grupos de izquierda que piden la convocatoria a una Asamblea constituyente), quienes objetan el aumento de la pobreza, el desempleo y la exigua redistribución de los réditos nacionales en beneficio de la población nacional.
La Administración de Alan García-AG desde su llegada al poder, en 2006, se planteó como retos para la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones democráticas, el mantenimiento de la estabilidad y el crecimiento económico (a través de unas finanzas públicas ordenadas y la disponibilidad de reservas internacionales, el fortalecimiento del Banco Central, la Oficina Fiscal y la Superintendencia de Bancos) y la reducción de la pobreza.
A raíz de los acontecimientos del petróleo, una parte de la opinión vuelve a la carga, con la memoria histórica del lastre que dejó el primer gobierno de AG en los años '80, a pesar de sus tintes populistas, pero, más pronto que tarde condujo al país a un colapso económico sin precedentes (hiperinflación, corrupción, tráfico de influencias, narcotráfico, etc.), que hizo del país un terreno fértil para la incursión de los movimientos guerrilleros, como Sendero Luminoso (maoísta), y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (indigenista), cuyos movimientos se extinguieron con el gobierno de Fujimori quien sucedió a AG, parecía que con aquel, el país había recuperado la estabilidad, el crecimiento económico y la cordura, pero para el pueblo era sólo un espejismo; ya que la semilla de la corrupción política seguía pesando en las espaldas del Gob.
El pueblo exhausto pronto perdió la memoria, y AG nuevamente se alza con la presidencia en 2006, quien dio la impresión de haber asumido una postura más abierta al libre mercado y proclive a las reformas internas, la oposición por su parte, sin líderes nacionales diezmada de capital le facilitó el ascenso al poder. Las promesas fueron agua de borraja para el pueblo; con pocos resultados para la sociedad. Ahora es cuando una parte del pueblo recuerda el primer gobierno de AG, su reputación le persigue como la sombra. Las alusiones hoy le ponen nuevamente en el filo de la navaja y podría ser fuente de futuras inestabilidades políticas, sino atiende pronto a una población famélica que se desbanda camino de la inmigración, AG debía evitar con urgencia que la miseria se apuntale en las clases populares y la inseguridad se adueñe de las calles.
La impopularidad de AG cae, un sondeo de la Universidad Católica, indica que la tasa de aceptación de García ha caído de un 35% al 25%, en los últimos meses. La opinión mayoritaria cree que la tasa de inflación, es mayor que la que señalan las cifras oficiales, otros creen que la corrupción ha minado ya el partido oficial (APRA); se suma a esto, el recuerdo del escándalo petrolero de Rómulo León, quien fue acusado de corrupción cuando ocupó el cargo de Ministro de Agricultura durante el primer gobierno de AG, lo que ha encendido nuevamente la antorcha de los adversarios.
Como es natural, la inestabilidad interna se alimenta de los conflictos sociales, muchos de ellos denunciados por los indígenas y tienen su origen en las actividades de exploración y/o explotación de la minería y los hidrocarburos en zonas protegidas, la expresión de malestar social se adereza por el escaso beneficio directo para el pueblo a pesar del crecimiento económico sostenido durante los últimos años. En el mes de octubre de 2008, según la revista “The Economist”, la Defensoría del Pueblo, se registró 189 conflictos sociales, más del doble de la cifra del año anterior. Por otro lado, la presencia del narcotráfico y la fragmentación política dentro del partido de gobierno (APRA), sin una mayoría en el Congreso, será difícil llevar adelante un programa de consenso que coordine una estrategia de crecimiento, desarrollo y estabilidad para el país. Este panorama, podría poner en peligro los flujos de inversión extranjera directa que Perú venía recibiendo desde la década pasada.
A pesar de los indicadores macroeconómicos favorables que ha registrado el país como la tasa de crecimiento del 9,8% durante 2008, y una inflación de un dígito (una de las más bajas de la región), durante casi la mitad de su quinquenio presidencial, AG ha tenido que reemplazar su gabinete forzado por los escándalos de corrupción, lo que dificulta un restablecimiento de confianza, el recurso de un cambio del recambio puede seguir debilitando su imagen de aquel ante la opinión pública.
La Administración de Alan García-AG desde su llegada al poder, en 2006, se planteó como retos para la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones democráticas, el mantenimiento de la estabilidad y el crecimiento económico (a través de unas finanzas públicas ordenadas y la disponibilidad de reservas internacionales, el fortalecimiento del Banco Central, la Oficina Fiscal y la Superintendencia de Bancos) y la reducción de la pobreza.
A raíz de los acontecimientos del petróleo, una parte de la opinión vuelve a la carga, con la memoria histórica del lastre que dejó el primer gobierno de AG en los años '80, a pesar de sus tintes populistas, pero, más pronto que tarde condujo al país a un colapso económico sin precedentes (hiperinflación, corrupción, tráfico de influencias, narcotráfico, etc.), que hizo del país un terreno fértil para la incursión de los movimientos guerrilleros, como Sendero Luminoso (maoísta), y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (indigenista), cuyos movimientos se extinguieron con el gobierno de Fujimori quien sucedió a AG, parecía que con aquel, el país había recuperado la estabilidad, el crecimiento económico y la cordura, pero para el pueblo era sólo un espejismo; ya que la semilla de la corrupción política seguía pesando en las espaldas del Gob.
El pueblo exhausto pronto perdió la memoria, y AG nuevamente se alza con la presidencia en 2006, quien dio la impresión de haber asumido una postura más abierta al libre mercado y proclive a las reformas internas, la oposición por su parte, sin líderes nacionales diezmada de capital le facilitó el ascenso al poder. Las promesas fueron agua de borraja para el pueblo; con pocos resultados para la sociedad. Ahora es cuando una parte del pueblo recuerda el primer gobierno de AG, su reputación le persigue como la sombra. Las alusiones hoy le ponen nuevamente en el filo de la navaja y podría ser fuente de futuras inestabilidades políticas, sino atiende pronto a una población famélica que se desbanda camino de la inmigración, AG debía evitar con urgencia que la miseria se apuntale en las clases populares y la inseguridad se adueñe de las calles.
La impopularidad de AG cae, un sondeo de la Universidad Católica, indica que la tasa de aceptación de García ha caído de un 35% al 25%, en los últimos meses. La opinión mayoritaria cree que la tasa de inflación, es mayor que la que señalan las cifras oficiales, otros creen que la corrupción ha minado ya el partido oficial (APRA); se suma a esto, el recuerdo del escándalo petrolero de Rómulo León, quien fue acusado de corrupción cuando ocupó el cargo de Ministro de Agricultura durante el primer gobierno de AG, lo que ha encendido nuevamente la antorcha de los adversarios.
Como es natural, la inestabilidad interna se alimenta de los conflictos sociales, muchos de ellos denunciados por los indígenas y tienen su origen en las actividades de exploración y/o explotación de la minería y los hidrocarburos en zonas protegidas, la expresión de malestar social se adereza por el escaso beneficio directo para el pueblo a pesar del crecimiento económico sostenido durante los últimos años. En el mes de octubre de 2008, según la revista “The Economist”, la Defensoría del Pueblo, se registró 189 conflictos sociales, más del doble de la cifra del año anterior. Por otro lado, la presencia del narcotráfico y la fragmentación política dentro del partido de gobierno (APRA), sin una mayoría en el Congreso, será difícil llevar adelante un programa de consenso que coordine una estrategia de crecimiento, desarrollo y estabilidad para el país. Este panorama, podría poner en peligro los flujos de inversión extranjera directa que Perú venía recibiendo desde la década pasada.
A pesar de los indicadores macroeconómicos favorables que ha registrado el país como la tasa de crecimiento del 9,8% durante 2008, y una inflación de un dígito (una de las más bajas de la región), durante casi la mitad de su quinquenio presidencial, AG ha tenido que reemplazar su gabinete forzado por los escándalos de corrupción, lo que dificulta un restablecimiento de confianza, el recurso de un cambio del recambio puede seguir debilitando su imagen de aquel ante la opinión pública.
AG desde su llegada al poder ha experimentado dos importantes crisis de Gob. El primer Gabinete, a cargo del Ministro Jorge del Castillo fue disuelto luego del escándalo de los Petroaudios, al demostrarse que personajes del partido de Gobierno estaban asociados con hechos de corrupción, con licencias que concedían la exploración petrolera ilegales. El segundo Gabinete, encabezado por Yehude Simon, fue "dinamitado", recientemente por la protesta continua de la población indígena de la selva amazónica contra el paquete de leyes aprobadas según ellos que atentaba contra el medio ambiente y la propiedad de sus tierras. Sobre este último aspecto, el presidente García responsabiliza a los partidos de izquierda y al líder opositor Ollanta Humala (antiguo militar nacionalista, contra quien él se enfrentó en las elecciones presidenciales en 2006) como causantes de los brotes de violencia.
El sector gubernamental acusa, inclusive, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de formar y financiar estos grupos, mientras que Humala acusa al gobierno de tratar de distraer la atención interna de su propia incompetencia. Es probable que los grupos de izquierda estén participando en los hechos de protesta, la mano larga que les da aquel Gobierno es casi evidene (quien aspira a extender su modelo político dentro de la región como una alternativa a las democracias de libre mercado). Aunque los hechos son de naturaleza política, intrínsecos a la realidad compleja que tiene la sociedad peruana, desde el punto de vista étnico-cultural y social, no quita importancia la contundente realidad económica en que se sume la sociedad peruana.
Es posible percibir, que los hechos de violencia local sucedidos en la región amazónica (cierre de caminos, incendio de estaciones de policía, etc.) aunque aislados del contexto del país fueran parte de un complot para intentar minar la democracia o la economía de libre mercado, y una oportunidad de expresión y presión, de los grupos indígenas y ecologistas como un camino más corto para lograr sus metas, en lugar de buscar la vía parlamentaria.
La población peruana, es consciente de la fuerte inversión extranjera que ha habido en el país y la elevación de los precios de las materias primas, así el flujo de ingresos nacionales es creciente, pero, a día de hoy, no se aprecia ninguna reinversión de esos ingresos, para crear nuevas fuentes de trabajo, infraestructura, mejoramiento de la educación y de los servicios sanitarios. Una situación que le pone al país en alto riesgo de caer en manos de un gobierno populista que avanza con paso firme en todo el subcontinente; sólo falta aumentar algunos grados la convulción social, para que éstos se hagan con el poder. Perú, de los pocos países que ha manejado una economía ordenada, no sería justo, que los resultados no los pueda percibir el pueblo, en cambio los hechos de corrupción sigan condenando nuevamente al Gob. M. Reyes
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