Por C. Ayala
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Un proyecto de ley, aprobado el viernes por la Cámara de Diputados, con la ayuda de la mayoría oficialista, la misma, establece sanciones económicas e incluso la suspensión de funcionamiento a todo medio de comunicación que autorice y publique lo que sea considerado por la ley como "ideas racistas y discriminatorias". Desde hace días corre como pólvora la noticia de que, el gobierno boliviano estaría preparando una ley camuflada para combatir el racismo, sin embargo, lo que la misma trata en realidad es, proteger a los ministros y diputados étnicos que gobiernan el país con mano dura, y los medios que denuncian y critican la mala gestión del Movimiento Al Socialismo-MAS partido del gobierno; con lo que, estarían en la picota todos aquellos medios que emitan opiniones sobre la corrupción existente en el seno de la administración pública o denuncien la pésima gestión de la justicia, la economía y los recursos naturales; conculcando con la ley todos los derechos ciudadanos, y la libertad de prensa quedaría en agua de borraja.
Consecuentemente, lo que busca la mencionada ley es tan obvio, que es difícil no ver el fermento de mordaza que se esconde en aquella ley perversa, no sólo por su extensión, sino porque la misma, atribuye al Estado la capacidad de juzgar lo que es racista y lo que no, sin derecho a la defensa, y meter en la mazmorra con el mínimo pretexto a todo aquel que denuncie o haga público, una anomalía, una mala gestión o incluso la apropiación indebida de los recursos o el nepotismo político reinante en el país que desplaza a profesionales que se han formado con sacrificio, o denunciar el malestar social y las condiciones de pobreza o la inseguridad que viven los ciudadanos, en estos tiempos ser blanco o mestizo o tener un apellido español, ya es condición suficiente para ser discriminado por la política del MAS, luego entonces, con que moral puede el gobierno hablar de combatir el racismo cuando esta llega desde las alturas del altiplano y se parapeta en el Parlamento y el palacio Quemado para hostigar permanentemente al blanco, como si éste, no fuera un boliviano con los mismos derechos y obligaciones como manda la Constitución Política del Estado. Incluso la extraña Constitución Política del Estado acuñada recientemene habla de las razas y valora esa riqueza cultural, que por cierto, ellos mismos redactaron con su mayoría y aprobaron sin respetar las reglas de mayoría calificada del 60%, por lo tanto, no se puede borrar de la noche a la mañana ni el espíritu de la ley ni las huellas genéticas del pueblo boliviano; caso contrario, estaríamos hablando de lo que ha practicado con la humanidad el nacionalismo socialismo de Hitler, es decir, la eugenesia y la eutanasia, que hoy quedan como la peor lacra de la humanidad.
Incluso sin existir la citada ley, el gobierno ya aplica de alguna manera los mismos principios del silencio que busca la ley que hoy se quiere legalizar, se advierte, se conmina, se previene, aconseja, se señala, se acosa para silenciar las voces que denuncian irregularidades, o bien activan la fuerza de los acólitos del partido oficial para que vayan a por ellos, y callar irremediablemente la noticia (p.e. el sobre precio denunciado por una diputada de la compra del avión presindencial). El oficialismo utiliza el poder de forma pendenciera y autoritaria, con total discriminación de los medios, los suyos propios y los que hacen su trabajo soberano de informar arriesgando el pellejo, porque les importa lo que pasa en el país, y porque es la naturaleza de su trabajo, si denuncian las fallas es para que el gobierno corrija e investigue la denuncia, y no para que pasen por encima del informador el rodillo implacable del poder. El gobierno en lugar de corregir busca y rebusca los antecedentes del autor de la noticia para encontrar alguna indiscreción o fabrica argumentos falsos y lo propaga como un escándalo en los medios de opinión oficialista, no para sentar en el banquillo de los acusados, sino recluirlo en la galera y quitarse así la piedra del zapato que molesta, a los ojos del gobierno, los informadores por definición son calumniadores, la lógica del gobierno no da lugar a una defensa como manda un Estado de derecho, quedando en evidencia que la democracia en el país va camino si más remedio hacia una dictadura, que de hecho, ya tiene visos de serlo con aquella ley mordaza.
Actualmente hay en la cárcel cientos que están pagando penas sin condena, como ha dicho la ministra de Justicia, cuando le preguntaron a qué respondía la demoras del proceso contra el ex prefecto Fernández, aquella dijo a la carga de trabajo y que había cientos de casos similares, lo cierto es que, la injusticia se pone en tela de juicio cuando un ciudadano carga una condena sin sentencia, eso es tomarle el pelo a la justicia y por supuesto a los derechos legítimos de presunción de inocencia, el caso del prefecto de Pando (Leopoldo Fernández) purga un encarcelamiento ya de dos años, su culpa: resistir a una invasión de una ciudad "el Porvenir" ubicada en el Departamento de Pando en el norte del país donde, aquel ciudadano era uno de los pocos prefectos que sobrevivieron al Referéndum Revocatorio (para su confirmar en el cargo), en un proceso electoral montado por el gobierno para sacar de las prefecturas a los opositores que ocupaban cargos públicos relevantes, donde el MAS hizo su campaña con los fondos del Estado, eliminaron así parte de la oposición que todavía existía. El MAS instaló una campaña de desprestigio por corrupción en forma, sin investigación ni pruebas, contra los opositores al gobierno, poniendo en vereda a la opinión, elimina así, los vestigios de la oposición que todavía gobernaba ciertos Departamentos, en particular, resistieron la región denominada media Luna (trópico), conviene indicar que, el proceso del Referéndum Revocatorio fue por demás criticado, igual que las elecciones generales, al parecer, se utilizaron métodos poco ortodoxos para aumentar el número de votantes al oficialismo, queda evidente que una vez diseñada la mayoría en los papeles y en los procedimientos, la convocatoria electoral, no sólo era sumir al pueblo cansado en otra consulta caprichosa, sino destituir del mandato a los Prefectos elegidos en otras elecciones precedentes, la maniobra fue bien urdida y funcionó en los departamentos que controla el partido, pero pocos sobrevivieron entre ellos Fernández (partido PODEMOS) que se confirmó en el cargo y plantó cara al gobierno, ya que éste último en represalias quería tomar la ciudad con ayuda de los ponchos rojos (un brazo armado del MAS) llegaron a provocar a la ciudad, en la reyerta se enfrentaron partidarios del gobierno y los habitantes de dicha ciudad donde hubieron 15 muertos, lo cierto es, que el mayor peso de la masacre debería corresponderle al gobierno, porque son los ministerios del gobierno que transportaron a los provocadores, algo de culpa le toca al prefecto por responder a la incitación, en cualquier caso, fue en defensa propia, en modo alguno, le toca cargar todo el peso a dicho ciudadano y mucho menos purgar una culpa sin un proceso. Lo que que se huele del silencio del gobierno todo esto es una cortina de humo para quitarse la responsabilidad y lavarse las manos, de lo contrario, qué razones hay para ralentizar el proceso..?.
Es más triste todavía del caso Fernández, por la forma cómo preparó el gobierno el secuestro, burlando los controles de la ciudadanía, hasta trasportarlo a la ciudad de La Paz y recluirlo en la cárcel, un acto criminal reservado a los círculos del “gang”, sin reconocerle ningún derecho de defensa que tiene un ciudadano cualquiera. Como era de esperar, el nuevo prefecto de Pando elegido fue del MAS, por lo tanto, su salida sólo complicaría la situación, por eso lo retienen secuestrado, sin derecho a la justicia, la indignidad es la muestra de los métodos autoritarios, por las formas y las condiciones en que vive aquel ciudadano, de todo esto se concluye que el gobierno quiere dar un escarmiento a los que osen o se asocien con el opositor.
Consecuentemente, lo que busca la mencionada ley es tan obvio, que es difícil no ver el fermento de mordaza que se esconde en aquella ley perversa, no sólo por su extensión, sino porque la misma, atribuye al Estado la capacidad de juzgar lo que es racista y lo que no, sin derecho a la defensa, y meter en la mazmorra con el mínimo pretexto a todo aquel que denuncie o haga público, una anomalía, una mala gestión o incluso la apropiación indebida de los recursos o el nepotismo político reinante en el país que desplaza a profesionales que se han formado con sacrificio, o denunciar el malestar social y las condiciones de pobreza o la inseguridad que viven los ciudadanos, en estos tiempos ser blanco o mestizo o tener un apellido español, ya es condición suficiente para ser discriminado por la política del MAS, luego entonces, con que moral puede el gobierno hablar de combatir el racismo cuando esta llega desde las alturas del altiplano y se parapeta en el Parlamento y el palacio Quemado para hostigar permanentemente al blanco, como si éste, no fuera un boliviano con los mismos derechos y obligaciones como manda la Constitución Política del Estado. Incluso la extraña Constitución Política del Estado acuñada recientemene habla de las razas y valora esa riqueza cultural, que por cierto, ellos mismos redactaron con su mayoría y aprobaron sin respetar las reglas de mayoría calificada del 60%, por lo tanto, no se puede borrar de la noche a la mañana ni el espíritu de la ley ni las huellas genéticas del pueblo boliviano; caso contrario, estaríamos hablando de lo que ha practicado con la humanidad el nacionalismo socialismo de Hitler, es decir, la eugenesia y la eutanasia, que hoy quedan como la peor lacra de la humanidad.
Incluso sin existir la citada ley, el gobierno ya aplica de alguna manera los mismos principios del silencio que busca la ley que hoy se quiere legalizar, se advierte, se conmina, se previene, aconseja, se señala, se acosa para silenciar las voces que denuncian irregularidades, o bien activan la fuerza de los acólitos del partido oficial para que vayan a por ellos, y callar irremediablemente la noticia (p.e. el sobre precio denunciado por una diputada de la compra del avión presindencial). El oficialismo utiliza el poder de forma pendenciera y autoritaria, con total discriminación de los medios, los suyos propios y los que hacen su trabajo soberano de informar arriesgando el pellejo, porque les importa lo que pasa en el país, y porque es la naturaleza de su trabajo, si denuncian las fallas es para que el gobierno corrija e investigue la denuncia, y no para que pasen por encima del informador el rodillo implacable del poder. El gobierno en lugar de corregir busca y rebusca los antecedentes del autor de la noticia para encontrar alguna indiscreción o fabrica argumentos falsos y lo propaga como un escándalo en los medios de opinión oficialista, no para sentar en el banquillo de los acusados, sino recluirlo en la galera y quitarse así la piedra del zapato que molesta, a los ojos del gobierno, los informadores por definición son calumniadores, la lógica del gobierno no da lugar a una defensa como manda un Estado de derecho, quedando en evidencia que la democracia en el país va camino si más remedio hacia una dictadura, que de hecho, ya tiene visos de serlo con aquella ley mordaza.
Actualmente hay en la cárcel cientos que están pagando penas sin condena, como ha dicho la ministra de Justicia, cuando le preguntaron a qué respondía la demoras del proceso contra el ex prefecto Fernández, aquella dijo a la carga de trabajo y que había cientos de casos similares, lo cierto es que, la injusticia se pone en tela de juicio cuando un ciudadano carga una condena sin sentencia, eso es tomarle el pelo a la justicia y por supuesto a los derechos legítimos de presunción de inocencia, el caso del prefecto de Pando (Leopoldo Fernández) purga un encarcelamiento ya de dos años, su culpa: resistir a una invasión de una ciudad "el Porvenir" ubicada en el Departamento de Pando en el norte del país donde, aquel ciudadano era uno de los pocos prefectos que sobrevivieron al Referéndum Revocatorio (para su confirmar en el cargo), en un proceso electoral montado por el gobierno para sacar de las prefecturas a los opositores que ocupaban cargos públicos relevantes, donde el MAS hizo su campaña con los fondos del Estado, eliminaron así parte de la oposición que todavía existía. El MAS instaló una campaña de desprestigio por corrupción en forma, sin investigación ni pruebas, contra los opositores al gobierno, poniendo en vereda a la opinión, elimina así, los vestigios de la oposición que todavía gobernaba ciertos Departamentos, en particular, resistieron la región denominada media Luna (trópico), conviene indicar que, el proceso del Referéndum Revocatorio fue por demás criticado, igual que las elecciones generales, al parecer, se utilizaron métodos poco ortodoxos para aumentar el número de votantes al oficialismo, queda evidente que una vez diseñada la mayoría en los papeles y en los procedimientos, la convocatoria electoral, no sólo era sumir al pueblo cansado en otra consulta caprichosa, sino destituir del mandato a los Prefectos elegidos en otras elecciones precedentes, la maniobra fue bien urdida y funcionó en los departamentos que controla el partido, pero pocos sobrevivieron entre ellos Fernández (partido PODEMOS) que se confirmó en el cargo y plantó cara al gobierno, ya que éste último en represalias quería tomar la ciudad con ayuda de los ponchos rojos (un brazo armado del MAS) llegaron a provocar a la ciudad, en la reyerta se enfrentaron partidarios del gobierno y los habitantes de dicha ciudad donde hubieron 15 muertos, lo cierto es, que el mayor peso de la masacre debería corresponderle al gobierno, porque son los ministerios del gobierno que transportaron a los provocadores, algo de culpa le toca al prefecto por responder a la incitación, en cualquier caso, fue en defensa propia, en modo alguno, le toca cargar todo el peso a dicho ciudadano y mucho menos purgar una culpa sin un proceso. Lo que que se huele del silencio del gobierno todo esto es una cortina de humo para quitarse la responsabilidad y lavarse las manos, de lo contrario, qué razones hay para ralentizar el proceso..?.
Es más triste todavía del caso Fernández, por la forma cómo preparó el gobierno el secuestro, burlando los controles de la ciudadanía, hasta trasportarlo a la ciudad de La Paz y recluirlo en la cárcel, un acto criminal reservado a los círculos del “gang”, sin reconocerle ningún derecho de defensa que tiene un ciudadano cualquiera. Como era de esperar, el nuevo prefecto de Pando elegido fue del MAS, por lo tanto, su salida sólo complicaría la situación, por eso lo retienen secuestrado, sin derecho a la justicia, la indignidad es la muestra de los métodos autoritarios, por las formas y las condiciones en que vive aquel ciudadano, de todo esto se concluye que el gobierno quiere dar un escarmiento a los que osen o se asocien con el opositor.
Ningún organismo nacional o internacional se ha preocupado verdaderamente por los derechos del ex-prefecto pandino, mientras la justicia boliviana hace tabla rasa de los derechos ciudadanos, es cierto, que los votos electorales lo avalan a Morales y su partido por los votos, pero también parece cierto lo que algunos círculos de opinión indican que detrás de la votación, hay otra realidad, los votos fraudulentos que se contabilizan como buenos, al parecer se han reencarnado los muertos y los residentes bolivianos en el extranjero, no saben que su número de carné, lo usa un ciudadano del MAS y su voto es un activo del oficialismo, hechos como este se han denunciado sin consecuencias.
Generalmente, los hechos de corrupción del gobierno denunciados, se ha hecho poco eco en la sociedad, porque entre otras cosas ella está desarmada y "estresada" de tanto guirigay que sacude al país, porque sobrevivir ya es un empeño difícil. Del lado del oficialismo, se dice que las denuncias vienen de los discípulos del capitalismo, los empresarios, los americanos, los neoconservadores, neoliberalismo o la CIA a quienes llaman difamadores históricos, y les advierten que si continúan así, les abrirán un proceso por calumnia y llegar a ese estado de cosas, es para tener cuidado, sino a los hechos me remito. Con estos métodos y otros, se va eliminando o debilitando a la oposición, muchos están en la clandestinidad mientras se aplica un juicio sumarísimo y terrorífico a los líderes que no han tenido la suerte de escapar. Por lo tanto, la presente ley, es legalizar lo que ya venía sucediendo ilegalmente desde que el MAS está en el gobierno.
Por otro lado, el país vive una de las situaciones más deplorables de su historia, cualquier ámbito de la vida boliviana que se toque está en riesgo, la creciente pobreza del campo ha inundado las ciudades cinturones de pobreza, hay alarmas de inseguridad ciudadana, en materia laboral ha crecido la precariedad, para los que no comulgan con el gobierno, se les niega un puesto de trabajo legítimo, éstos son los candidatos a la emigración, la destrucción de empleo es alarmante, muchos toman el camino de la droga, el crecimiento del cultivo de la coca es tal, que se destruye enormes superficies reservadas a los parques naturales, donde el medio ambiente es el más perjudicado. Por el lado económico, se ha perdido los mercados tradicionales que existían en Europa y USA, el PIB en 2009 ha retrocedido entre 3 y 4%, se ha desarmado casi toda la exportación de los productos agrícolas, ahora la política se centra en la coca y el gas, la escasa clase media que había en el país casi ha desaparecido, la inversión extranjera es simbólica centrada en el Gas y los recursos minerales; el turismo va perdiendo terreno a causa de la inseguridad, la pobreza en las grandes ciudades aumenta y la droga invade el seno de las familias, ya sea por el tráfico y/o el consumo. La seguridad ciudadana es preocupante, la ley no atribuye culpa al agresor, ya que ser pobre parece tener un plus, por lo tanto, el que roba, el que miente, parece como un patriota porque se apropia de lo que siempre era suyo, el problema es que esos ricos ya no existen porque se lo llevó la reforma agraria de 1953 (pésimamente implementada), el agresor entra en la chirola por un lado y salen por el otro, en lugar de que el gobierno cree puestos de trabajo, trabaje para la integración y la cohesión social y vertebre el país y crear polos de desarollo y de una vez se elimine la lacra de la criminalidad y la emigración que descapitaliza al país de una fuerza de trabajo valiosa, la orfandad de ideas para reconducir la economía es tan evidente como el empobrecimiento, no hay propuestas para promover la industria, la artesanía, el turismo, la exportación, la producción, la manufactura, el comercio, al contrario se liquida cualquier posibilidad de inversión en el país atacando a la empresa privada como la rémora del país.
El gobierno nada tiene que ver con la cultura indígena o sus valores que dicen representar, porque los aborígenes son honestos, no vengativos, trabajadores, algunos emprendedores, nunca racistas o egoístas, al contrario, su moral y su comportamiento se basa en el saludo quechua que dice "no robes, no mientas, no seas flojo" "ama sua, ama llulla, ama khella" su interlocutor contesta "ghanpis quiquillantac" "te deseo lo mismo". Trabajar con la cultura indígena debía ser una política horizontal de todo los gobiernos integrarlos a la vida nacional es otra obligación para hacer un país cohesionado, para eso está la edcuación y la formación profesional, y de esto algo han hecho los asesores cubamos y venezolanos.?.
Evo Morales y su partido recorren un camino sin fisuras hacia ninguna parte porque no tienen un horizonte preciso aunque le llamen a eso el Socialismo del siglo XX1, se equivoca igual que su maestro, el patrón del oro negro Chávez (Castro rectificó el error recientemente), Pero Morales sigue erre que erre, ciego en las bondades que le han hablado del modelo comunista, su imagen objetivo es Venezuela y Cuba, que por otra parte, éstos están sumidos en ese viaje al abismo, Cuba menos mal, va camino de cambiar, quién lo diría.
Morales y su gobierno han logrado enfrentar a los blancos con los indios y a ambos con los mestizos, a los territorios con las autonomías, a las regiones con el financiamiento, a los castellano hablantes (lengua oficial) con los hablantes de lenguas originarias, en lugar de privilegiar a ambas lenguas, en la disputa entre regiones se privilegia a las regiones que controla el partido, en perjuicio de las que están de acuerdo con sus medidas de gobierno, se lleva los recursos financieros allí, donde no hay posibilidades para desarrollar la economía, en cambio, se empobrece a los que si tienen verdadero potencial, el esfuerzo del cultivo de la coca está sumiendo al país en un verdadero dilema medio ambiental y económico, la ruptura de la frontera medio ambiental provoca eriales desertificando importantes extensiones de terreno, el crecimiento del narcotráfico es un riesgo mayor para la tranquilidad del país. Pero nadie puede denunciar esta realidad porque sería una propaganda imperialista, capitalista y racista. Estaremos pendientes del desarrollo político del país.
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