Venezuela, un día después de las elecciones

Por. Mariela Reyes.

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La reconstrucción nacional de Venezuela, que requiere de una visión de largo plazo y capacidad de sacrificio, ha comenzado con la toma democrática de la Asamblea Nacional, que permite el inicio del desmontaje de la obra de Hugo Chávez, y no sólo la motivación para poner fin, de manera democrática, a la permanencia en el poder del actual presidente de la república, quien aspira a hacerla vitalicia. Se trata de algo más que la salida del poder del líder del proceso revolucionario, por ejemplo, en el año 2012 cuando se efectuarán las próximas elecciones presidenciales, sino, y es tal vez, lo más importante, desmontar una burocracia revolucionaria que ya ha echado raíces en la estructura político-social del país.

Se trata de una sociedad que se ha acostumbrado no sólo a que el poder público decisorio (incluyendo el judicial) descanse en manos del jefe del Ejecutivo Nacional, sino también el sector productivo, público y privado, financiero y comercial, es decir, la máxima concentración del poder en manos de un caudillo del siglo XXI. De esta manera se ha dado pie a la creación de un capitalismo de Estado donde las reglas las establece éste último, es decir, el Jefe de Estado.

En este modelo de sociedad, fomentado y cultivado durante casi 12 de gobierno, un nuevo tejido de organizaciones sociales, entre los cuales se encuentran, los consejos comunales, cooperativas, empresas socialistas, consejos de trabajadores, fuerzas paramilitares o colectivos armados, han sustituido y deslegitimizado a las organizaciones de la sociedad civil previos a la revolución , como los gremios, asociaciones de vecinos, y sindicatos, entre otros, actores que deberán ser tenidos en cuenta por la oposición de ganar las próximas elecciones presidenciales, dado algunas de ellas son consideradas como parte del derecho político adquirido por la clase social más desprotegida.

Hasta ahora cualquier actor social o político contrario a los intereses de la revolución o que se perciba como capaz de despertar la conciencia en el país se le ha tratado de controlar o paralizar, ya sea a través de una ley o de disminuir su capacidad de respuesta.

Los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de ayer, donde según la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, el oficialismo obtuvo 94 diputados y la oposición, representada en la Mesa de Unidad Democrática, 60, han de ayudar a internalizar en la población venezolana que la democracia es más que ejercer el derecho al voto. Democracia es respeto a los derechos humanos, por lo que no es posible la existencia de presos políticos ni de políticos presos en Venezuela, aunque se les quiera llamar de otra manera; democracia es el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, y no la instauración de gobiernos de facto, a nivel municipal o de gobernaciones; democracia son elecciones libres y justas, donde nadie puede ser impedido de ejercer este derecho ni el de ser votado, es decir, optar a un cargo público, por el solo hecho de ser contrario a la revolución; en la democracia participan partidos plurales, no el partido único del Estado, el cual recibe toda la ayuda estatal en financiamiento, y sobre todo es separación de poderes, donde el Judicial no apoya ni al Poder legislativo ni al Ejecutivo, la transparencia es su estigma. No podemos dejar afuera, sin embargo, que democracia también es libertad de expresión y rendimiento de cuentas, aspectos que han estado en saldo negativo por mucho tiempo.

Volviendo al tema de los resultados de las elecciones legislativas efectuadas el día de ayer, el presidente de la República, Teniente-Coronel, Hugo Chávez, no parece haber asimilado los resultados ni haberlos considerado como una victoria porque, a diferencia de comicios anteriores, no salió a su balcón tradicional a gritar ¡viva la revolución y el socialismo!, esta vez lo ha hecho, a duras penas, a través de Aristóbulo Istúris, jefe de campaña del PSUV.

Tal vez una de las razones sea que al no haber lograr el oficialismo su meta de alcanzar la mayoría calificada de 110 diputados, las expectativas de designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General, al Defensor del Pueblo, al Contralor General, y a los miembros del CNE y aprobar leyes habilitantes que den poderes al presidente de la republica (decretos-ley), sin ningún tipo de rechazo podrían estar llegando a su fin, o, por lo menos, ahora el coste y el esfuerzo serán mayores.