La supuesta causa de una potencial amenaza a la seguridad regional ha sido la firma de un acuerdo de cooperación militar entre Colombia y EEUU en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que implicará el uso de bases militares colombianas por parte de las fuerzas armadas estadounidense. Según fuentes oficiales colombianas, el acuerdo no incrementaría el tope pactado dentro del “Plan Colombia”, que limita la presencia estadounidense en el país a un máximo de 800 militares y 600 contratistas (quienes gozarían de inmunidad diplomática); tampoco se permitiría la creación de una base militar de EEUU, ya que Colombia esta ofreciendo el uso de sus propias bases (siete) bajo su control militar ni es un acuerdo de defensa mutua. El acuerdo tendría una vigencia de 10 años.
Hay que reconocer que el anuncio de la firma de estas negociaciones y posterior acuerdo se produce en momentos en que las relaciones diplomáticas entre Colombia, Venezuela y Ecuador sufren un fuerte deterioro, luego de que las autoridades colombianas incautaran a las FARC lanzacohetes que Suecia vendió a Caracas en 1988, lo que ha sido rechazado por el presidente venezolano, Hugo Chávez. Como respuesta, Caracas congeló las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia. Paralelamente, se registró un nuevo roce entre Bogotá y Quito (quienes rompieron relaciones diplomáticas en marzo 2008) luego de que fue divulgado un video en el que uno de los líderes de las FARC admitió, supuestamente, el financiamiento de la campaña que llevó a Rafael Correa a la presidencia.
Esta situación de fuerte tensión diplomática regional que se estaba viendo reflejada en un asunto, si se quiere interno, como era la firma de este acuerdo entre Colombia y EEUU, conllevó a la realización de dos reuniones de emergencia en un corto lapso de tiempo, y sin resultados concretos como son la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estados, en Bariloche (Argentina), para tratar como único tema el de las bases estadounidenses en Colombia (28 agosto); y la Reunión Extraordinaria de Cancilleres y Ministros de Defensa, en Quito (15 septiembre).
Más allá de haber quedado demostrado que sobre el Caso Colombia la Unión está divida en dos grupos antagónicos como son los países que exigen la salida de las, supuestas, bases estadounidense y el fin del acuerdo militar de manera imperativa (Bolivia, Ecuador y Venezuela) y aquellos otros que, por el contrario, (Perú y Paraguay, y en alguna medida, Chile) consideran que la firma de este instrumento es una decisión soberana (hasta cierto punto) que debe ser respetada por el resto de los países miembros, los resultados de estas reuniones dejaron al descubierto algunos detalles que merecen ser mencionados por su potencial impacto sobre el futuro de Unasur.
Por ejemplo, desde el punto de vista organizacional, Unasur presenta tres obstáculos internos como son la existencia de modelos económicos, relativamente, conflictivos que podrían afectar el progreso hacia políticas de libre comercio, desregulación o el establecimiento de una moneda común (mientras Colombia, Perú, Chile, y Brasil tienen economías promercados, la visión antimercantilista caracteriza la economía en Venezuela, y en alguna medida la de Bolivia y Ecuador). En segundo lugar, existen ambiciones político-ideológicas regionales contradictorias entre Colombia, Venezuela y Brasil, por ejemplo que pueden afectar el consenso en la Unión, y, por último, la existencia jurídica misma de Unasur.
Según establece el tratado constitutivo, Unasur existirá como sujeto del derecho internacional con personalidad jurídica propia cuando se depositen nueve (de un total de doce) ratificaciones de los países miembros del Tratado de Brasilia en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sólo así puede entrar en vigor el tratado constitutivo. Hasta ahora sólo tres gobiernos lo han ratificado: Bolivia, Ecuador y Venezuela. De tal manera que su creación todavía no ha quedado formal y legalmente establecida. Tampoco sus respectivos gobiernos han mostrado interés en solicitar de sus Congresos o Parlamentos la ratificación del instrumento. A esto hay que agregar que algunos gobiernos entrarán en proceso electoral presidencial en los próximos dos años, por lo que la incertidumbre sobre su ratificación queda en pié ante la eventualidad de la llegada al poder de nuevos partidos políticos.
Por otra parte, Unasur es escenario de choque de intereses de orden global, regional y hasta domésticos de algunos países miembros, (Colombia, Venezuela, y Brasil), y, de éstos con otros actores como EE.UU, y potencias externas como Rusia y China.
En el caso de Colombia, por ejemplo, la Administración Uribe ha dejado claro que no está dispuesta a sacrificar sus intereses nacionales por lograr mantener un consenso dentro de la Unión, lo que ha quedado demostrado cuando el país ha planteado, sutilmente, la posibilidad de un eventual retirno de la misma. Las prioridades de Colombia están centradas, en parte, en los problema de seguridad interna como la narco-guerrilla. De allí que el acuerdo firmado con EE.UU le proporciona una mayor posición estratégica y apalancamiento al país, dado el interés que este acuerdo tiene para ambas partes, sobre todo después que Ecuador retomase el control de la base militar de Manta (arrendada a EEUU). Con el nuevo acuerdo, EE.UU obtiene acceso a tres bases de la fuerza aérea militar colombiana ubicadas en puntos básicos como el Océano Pacífico, Mar Caribe y Océano Atlántico, además de otras cuatro.
A cambio, Colombia recibirá, muy probablemente, acceso preferencial a la tecnología militar estadounidense y la posibilidad, por otro lado, de fortalecer sus actividades de cabildeo ante la Administración Obama para obtener apoyo en el Congreso con el fin de que sea aprobado, finalmente, un acuerdo de libre comercio entre ambos países que está aún pendiente, lo que no fue considerado como una prioridad por la Administración Bush.
De tal manera que, mientras Venezuela se acerca al paragua ruso como potencia externa a la región, Colombia lo hace de la mano de EE.UU. Este último acercamiento es lo que ha hecho que el Brasil, de Lula, mire con recelo el alcance de este acuerdo, a pesar de que Colombia y Brasil firmaron, en marzo pasado, un tratado de cooperación militar destinado a capturar a la narco-guerrilla en las áreas fronterizas, otorgándole así legitimidad a la lucha colombiana contra los rebeldes de las FARC. La causa de esta leve disparidad de intereses sólo podría radicar en la autonomía colombiana a la hora de tomar decisiones por encima de la influencia galopante que Brasil está tomando en la región, como potencia emergente, así como de Unasur. Y, por supuesto, la posibilidad de que EE.UU pudiese valerse de Colombia para influenciar sobre la región. Desde que el "Plan Colombia", financiado en un alto porcentaje por EE.UU, fuese instaurado (1999) para combatir la narco-guerrilla, las relaciones militares colombo-estadounidenses han sido punto de críticas y sospechas en la región por los diversos gobiernos de turno.
En cuanto a Venezuela, la Administración Chávez ha venido forzando, de alguna manera, a los demás gobiernos de Unasur a reunirse cada vez que surge un acontecimiento donde su proyecto ideológico de exportación, el "socialismo del siglo XXI", pudiese resultar afectado o favorecido, según sea el caso. Los ejemplos más emblemáticos, hasta ahora, han sido la cumbre extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2008, en Santiago de Chile, para considerar la situación política de Bolivia (en esa ocasión el presidente venezolano anunció que estaba dispuesto a actuar militarmente para defender a Evo Morales de una presunta conspiración contra su gobierno); y las cumbres extraordinarias, por otro lado, de Bariloche -agosto 2009- y Quito -septiembre 2009- promovidas con el fin de detener o denunciar al presidente Uribe por los acuerdos militares con Estados Unidos. Mariela Reyes.
Hay que reconocer que el anuncio de la firma de estas negociaciones y posterior acuerdo se produce en momentos en que las relaciones diplomáticas entre Colombia, Venezuela y Ecuador sufren un fuerte deterioro, luego de que las autoridades colombianas incautaran a las FARC lanzacohetes que Suecia vendió a Caracas en 1988, lo que ha sido rechazado por el presidente venezolano, Hugo Chávez. Como respuesta, Caracas congeló las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia. Paralelamente, se registró un nuevo roce entre Bogotá y Quito (quienes rompieron relaciones diplomáticas en marzo 2008) luego de que fue divulgado un video en el que uno de los líderes de las FARC admitió, supuestamente, el financiamiento de la campaña que llevó a Rafael Correa a la presidencia.
Esta situación de fuerte tensión diplomática regional que se estaba viendo reflejada en un asunto, si se quiere interno, como era la firma de este acuerdo entre Colombia y EEUU, conllevó a la realización de dos reuniones de emergencia en un corto lapso de tiempo, y sin resultados concretos como son la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estados, en Bariloche (Argentina), para tratar como único tema el de las bases estadounidenses en Colombia (28 agosto); y la Reunión Extraordinaria de Cancilleres y Ministros de Defensa, en Quito (15 septiembre).
Más allá de haber quedado demostrado que sobre el Caso Colombia la Unión está divida en dos grupos antagónicos como son los países que exigen la salida de las, supuestas, bases estadounidense y el fin del acuerdo militar de manera imperativa (Bolivia, Ecuador y Venezuela) y aquellos otros que, por el contrario, (Perú y Paraguay, y en alguna medida, Chile) consideran que la firma de este instrumento es una decisión soberana (hasta cierto punto) que debe ser respetada por el resto de los países miembros, los resultados de estas reuniones dejaron al descubierto algunos detalles que merecen ser mencionados por su potencial impacto sobre el futuro de Unasur.
Por ejemplo, desde el punto de vista organizacional, Unasur presenta tres obstáculos internos como son la existencia de modelos económicos, relativamente, conflictivos que podrían afectar el progreso hacia políticas de libre comercio, desregulación o el establecimiento de una moneda común (mientras Colombia, Perú, Chile, y Brasil tienen economías promercados, la visión antimercantilista caracteriza la economía en Venezuela, y en alguna medida la de Bolivia y Ecuador). En segundo lugar, existen ambiciones político-ideológicas regionales contradictorias entre Colombia, Venezuela y Brasil, por ejemplo que pueden afectar el consenso en la Unión, y, por último, la existencia jurídica misma de Unasur.
Según establece el tratado constitutivo, Unasur existirá como sujeto del derecho internacional con personalidad jurídica propia cuando se depositen nueve (de un total de doce) ratificaciones de los países miembros del Tratado de Brasilia en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sólo así puede entrar en vigor el tratado constitutivo. Hasta ahora sólo tres gobiernos lo han ratificado: Bolivia, Ecuador y Venezuela. De tal manera que su creación todavía no ha quedado formal y legalmente establecida. Tampoco sus respectivos gobiernos han mostrado interés en solicitar de sus Congresos o Parlamentos la ratificación del instrumento. A esto hay que agregar que algunos gobiernos entrarán en proceso electoral presidencial en los próximos dos años, por lo que la incertidumbre sobre su ratificación queda en pié ante la eventualidad de la llegada al poder de nuevos partidos políticos.
Por otra parte, Unasur es escenario de choque de intereses de orden global, regional y hasta domésticos de algunos países miembros, (Colombia, Venezuela, y Brasil), y, de éstos con otros actores como EE.UU, y potencias externas como Rusia y China.
En el caso de Colombia, por ejemplo, la Administración Uribe ha dejado claro que no está dispuesta a sacrificar sus intereses nacionales por lograr mantener un consenso dentro de la Unión, lo que ha quedado demostrado cuando el país ha planteado, sutilmente, la posibilidad de un eventual retirno de la misma. Las prioridades de Colombia están centradas, en parte, en los problema de seguridad interna como la narco-guerrilla. De allí que el acuerdo firmado con EE.UU le proporciona una mayor posición estratégica y apalancamiento al país, dado el interés que este acuerdo tiene para ambas partes, sobre todo después que Ecuador retomase el control de la base militar de Manta (arrendada a EEUU). Con el nuevo acuerdo, EE.UU obtiene acceso a tres bases de la fuerza aérea militar colombiana ubicadas en puntos básicos como el Océano Pacífico, Mar Caribe y Océano Atlántico, además de otras cuatro.
A cambio, Colombia recibirá, muy probablemente, acceso preferencial a la tecnología militar estadounidense y la posibilidad, por otro lado, de fortalecer sus actividades de cabildeo ante la Administración Obama para obtener apoyo en el Congreso con el fin de que sea aprobado, finalmente, un acuerdo de libre comercio entre ambos países que está aún pendiente, lo que no fue considerado como una prioridad por la Administración Bush.
De tal manera que, mientras Venezuela se acerca al paragua ruso como potencia externa a la región, Colombia lo hace de la mano de EE.UU. Este último acercamiento es lo que ha hecho que el Brasil, de Lula, mire con recelo el alcance de este acuerdo, a pesar de que Colombia y Brasil firmaron, en marzo pasado, un tratado de cooperación militar destinado a capturar a la narco-guerrilla en las áreas fronterizas, otorgándole así legitimidad a la lucha colombiana contra los rebeldes de las FARC. La causa de esta leve disparidad de intereses sólo podría radicar en la autonomía colombiana a la hora de tomar decisiones por encima de la influencia galopante que Brasil está tomando en la región, como potencia emergente, así como de Unasur. Y, por supuesto, la posibilidad de que EE.UU pudiese valerse de Colombia para influenciar sobre la región. Desde que el "Plan Colombia", financiado en un alto porcentaje por EE.UU, fuese instaurado (1999) para combatir la narco-guerrilla, las relaciones militares colombo-estadounidenses han sido punto de críticas y sospechas en la región por los diversos gobiernos de turno.
En cuanto a Venezuela, la Administración Chávez ha venido forzando, de alguna manera, a los demás gobiernos de Unasur a reunirse cada vez que surge un acontecimiento donde su proyecto ideológico de exportación, el "socialismo del siglo XXI", pudiese resultar afectado o favorecido, según sea el caso. Los ejemplos más emblemáticos, hasta ahora, han sido la cumbre extraordinaria celebrada el 16 de septiembre de 2008, en Santiago de Chile, para considerar la situación política de Bolivia (en esa ocasión el presidente venezolano anunció que estaba dispuesto a actuar militarmente para defender a Evo Morales de una presunta conspiración contra su gobierno); y las cumbres extraordinarias, por otro lado, de Bariloche -agosto 2009- y Quito -septiembre 2009- promovidas con el fin de detener o denunciar al presidente Uribe por los acuerdos militares con Estados Unidos. Mariela Reyes.
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